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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El presidente Gabriel Boric respondió el cuestionario de la Comisión Especial Investigadora por el caso de la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende, lo que fue criticado por diputados de Renovación Nacional. Se cuestionó la falta de información relevante en sus respuestas, y se reiteró la existencia de un "pacto de silencio" en el Gobierno para proteger a ciertas personas.

Durante esta jornada, el presidente Gabriel Boric respondió el cuestionario de la Comisión Especial Investigadora (CEI) por la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende, asunto que fue abordado por diputados de Renovación Nacional.

En concreto, el diputado y presidente de la comisión, Andrés Longton, dijo que el mandatario “lamentablemente, respondió poco y nada. Y lo que respondió es insuficiente del punto de vista de que habla primero de que todos los ministros y autoridades prestaron su colaboración en la Comisión Investigadora”.

En sus palabras, aquello resulta “falso, porque muchos de quienes invitamos que tenían directa participación y responsabilidad fueron alejados de sus cargos“.

Diputados RN por respuesta de Boric en Caso Allende

Longton expresó, además, que “el ministro Elizalde faltó a la verdad (…) a propósito de la destinación de recursos que no iban para comprar una casa del expresidente Allende”.

El parlamentario recordó también que en una reciente entrevista televisiva, la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, “dijo que a este Gobierno le faltó tino y que hubo un descriterio en avanzar en esta compra a pesar de lo legal y éticamente reprochable que era esto”.

El diputado subrayó que el presidente, en su respuesta, dijo que aún está haciendo investigaciones a través de sumarios. “Han pasado varios meses y, como dijo la exministra, hubo 17 abogados que revisaron este decreto y esta operación. La mayoría de ellos continúa en sus cargos”, agregó.

Longton se refirió también a la jefa jurídica de la Segpres, Francisca Moya, a quien llamó la mano derecha de Boric; “quien revisa los decretos para ponerlos en el escritorio del presidente y además es su íntima amiga y probablemente por eso sigue en su cargo“.

A juicio del legislador, Moya debió haber abandonado su cargo. “Si no lo abandonó es porque probablemente el presidente sabía”, acusó.

Acto seguido, reiteró su opinión sobre la existencia de un pacto de silencio al interior del Gobierno para “proteger a ciertas personas, y que si no hubiera sido por las escuchas al señor Crispi, lamentablemente no hubiéramos tenido información valiosa respecto al involucramiento que tuvo la familia Allende en todo el proceso, y probablemente también para cambiar el precio de la casa que llegó a casi los 930 millones de pesos”.

Por su parte, la diputada Paula Labra, integrante de la comisión investigadora, calificó la respuesta del presidente como inaceptable.

No aporta ningún antecedente nuevo, no se hace cargo en particular de ninguna de las preguntas que contenía el cuestionario y, por si fuera poco, espera que la comisión concluya en sus sesiones para hacer llegar este oficio”, continuó Labra.

La parlamentaria afirmó que el mandatario desaprovechó una oportunidad formal para esclarecer lo que ocurrió con la fallida compra de la casa de Salvador Allende, ya que, en sus palabras, desde sus primeras intervenciones sigue un manto de duda respecto a qué se ha logrado despejar.

“Hay eventualmente más responsabilidades que aún no se aclaran y todavía, a ciencia cierta, nadie se hace cargo de quién dentro del gobierno fue quien impulsó esta iniciativa, a pesar de los vicios constitucionales que evidentemente contenía”, agregó.

Citan a ministros de Cultura y Vivienda a comisión de Cultura

Temprano, durante la sesión de la comisión de Cultura, los diputados de Renovación Nacional Eduardo y Jorge Durán, pidieron citar a la ministra de Cultura y a la Directora Nacional del Patrimonio para que den cuenta, además, de lo que ha sucedido con 93 obras de arte con que la Fundación Allende pretendió saldar una deuda con el Serviu Metropolitano por la compra del Palacio Heiremans. Obras que, sin embargo, nunca fueron entregadas al Estado.

Al respecto, el diputado Eduardo Durán, señaló que lo que está sucediendo en torno a la Fundación del expresidente “parece un excelente negocio más allá de lo que una fundación debiera realizar”.

Con ello, el legislador rememoró que durante los gobiernos de Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Eduardo Frei, la entidad recibió más de 1.500 millones de pesos.

Respecto de las obras, dijo que “posiblemente estén en casa de alguien, en una bodega, deteriorándose. Porque nunca se hizo el traspaso efectivo de estas obras de arte desde la Fundación Salvador Allende al Serviu”.

En tanto, Jorge Durán explicó que la citación a las autoridades es “para que nos informen qué pasó con un millonario traspaso de obras de arte; 93 obras de arte que supuestamente la Fundación Allende entregó en parte de pago y no sabemos dónde están“.

“Esas obras se vendieron, desaparecieron, están en posesión de la Fundación Allende o simplemente fue un contrato simulado. Queremos explicaciones“, cerró el diputado.