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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Oposición acusa que el Gobierno intentó engañar al Congreso al destinar fondos de la Ley de Presupuesto para la compra fallida de la casa de Salvador Allende, usando una supuesta "flexibilidad presupuestaria". Se cuestiona la falta de transparencia al no especificar el destino de los recursos y se denuncia un "pacto de silencio" en el gobierno.

Parlamentarios de oposición aseguran que el Gobierno mintió y trató de hacer pasar “gato por liebre” con los dineros aprobados en la Ley de Presupuesto, que sirvieron para la fallida compraventa de la casa del Presidente Salvador Allende.

Esto, luego de que en la Comisión Investigadora del caso, la directora de la Dipres, Javiera Martínez, explicara que no existía una “asignación específica” en el subtítulo 31 -donde estaban los recursos inicialmente- que expresara el destino final de los dineros.

Acusaciones de Labra al Gobierno

Así, la diputada de Renovación Nacional, Paula Labra, cuestionó el argumento que ha planteado el Gobierno en la comisión, de que el Congreso aprobó mayoritariamente estos recursos. Asegurando que los dichos de Martínez comprueban que eso no es así.

En concreto, desde la oposición acusan que después de aprobada la Ley de Presupuesto, los dineros se hayan movido a la partida del Ministerio de Bienes Nacionales usando una facultad llamada “flexibilidad presupuestaria”. Ya que los dineros aprobados en el subtítulo de inversiones no podían ser utilizados para comprar inmuebles.

Al respecto, Labra dijo que si los diputados hubiesen sabido para qué eran esos dineros, jamás los habrían aprobado, acusando que La Moneda intentó pasar “gato por liebre” al tratar de esconder esa información.

Argumento de Elizalde y el “pacto de silencio” acusado por la oposición

El 7 de abril pasado, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, explicó ante la instancia que, durante la discusión de la Ley de Presupuesto, se presentó en la comisión mixta una presentación de power point que señalaba la “adquisición de la casa del ex Presidente Salvador Allende”.

Sin embargo, en la presentación respectiva -que fue incluida en los dineros para el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural- la glosa aparece descrita como “Incremento para Casa Presidencial de Guardia Vieja”.

Según el diputado UDI, Gustavo Benavente, esta contradicción confirma la tesis opositora de un “pacto de silencio” en el gobierno.

Explicación de Martínez

Javiera Martínez, por su parte, defendió que las modificaciones presupuestarias son muy recurrentes en los gobiernos, señalando que se han hecho más de 2.300 modificaciones en los últimos dos años y medio, y aproximadamente 40 a la semana.

Martínez explicó que fueron $2.400 millones los que fueron movidos, a solicitud del Servicio de Patrimonios, recordando que también financiará la compra de la casa del expresidente Patricio Alwyin.

Finalmente, explicó que esos recursos no tenían una “asignación específica” para la compra, pero que no había ninguna intención de “engañar” al Congreso.

Respaldo desde el oficialismo

En tanto, desde el oficialismo, el diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, cuestionó que se dijera que diversas autoridades de gobierno llegaron a “mentir” a la comisión.

Así, planteó que la oposición ha hecho acusaciones “temerarias” que buscan ligar este caso a una conspiración para engañar al Congreso y hacer un negocio con la familia Allende.

Leiva -incluso- aclaró que las modificaciones presupuestarias se informan periódicamente a las Comisiones de Hacienda del Congreso.

Las conclusiones de la CEI por la casa Allende

La próxima semana se realizará la última sesión de la Comisión Investigadora para votar el informe de conclusiones. Ad portas de esta, el diputado RN, Andrés Longton, ya confirmó que el Presidente de la República, Gabriel Boric, no contestó el cuestionario enviado, pues ya no hay plazo para que lo haga.

Parlamentarios dificultan que haya un texto de unidad, considerando que en la oposición acusan que hubo funcionarios de Gobierno, como Leonardo Moreno y Bernardita Nazar, que -según ellos- habrían renunciado con el único fin de no estar obligados a asistir a la comisión.