“Se han revelado indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata”. Con estas declaraciones, la ministra Camila Vallejo abrió una nueva disputa comunicacional que esta vez tuvo respuesta por parte del Ministerio Público.
Todo se originó el pasado martes, cuando el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, quedó en prisión preventiva tras revelarse filtraciones de indagatorias reservadas al abogado Luis Hermosilla.
Este último, protagonista del caso que lleva su apellido por el presunto delito de soborno, tiene una dilatada trayectoria en episodios de alta connotación pública. Entre los rostros políticos que ha representado figuran el exministro Andrés Chadwick (UDI) y el actual jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi (RD).
Horas después de conocerse la medida cautelar dictada contra Muñoz, la portavoz de La Moneda señaló en su primera vocería que una hipotética red se proponía “entorpecer las labores investigativas en distintas causas asociadas a corrupción”.
Aquella afirmación no cayó bien al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, quien pidió a la exdiputada aportar antecedentes a la persecutora a cargo del caso si es que contaba con ellos.
Según Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, el Ejecutivo “cae en una comunicación adversarial. Es más propia de lo que es la comunicación electoral, porque se enfrenta o utiliza cuñas que ponen demasiado el foco en el adversario”.
Los dardos de la oposición no tardaron en llegar, recordando incluso a Vallejo que “ya no es una dirigenta universitaria”. En la vereda contraria, las huestes oficialistas —sobre todo el Frente Amplio— hicieron lo propio con Valencia y le pidieron no entrar en territorio político.
Diversas voces alertan que este reciente cruce distrae la acción de las instituciones y provoca la pérdida del foco principal de la investigación, que tiene al extimonel de la policía chilena arriesgando altas penas por una reiterada revelación de secreto.
Un “escondido” Chadwick
Actualmente, una de las comisiones investigadoras de la Cámara evalúa irregulares en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a partir de una serie de audios del abogado Luis Hermosilla, en los que habla de eventuales pagos a funcionarios a cambio de información privilegiada.
Después de tres meses de funcionamiento, los diputados UDI —que tienen dos integrantes en esta instancia— pedirán citar a Camila Vallejo para que explique sus últimos dichos.
“Si uno tiene antecedentes, lo que tiene que hacer de forma responsable es entregarlos a la justicia. Si no, nos recuerda el período en que (la ministra) era dirigenta estudiantil más que cuando asume como vocera de Gobierno”, sostuvo Juan Antonio Coloma, jefe de la bancada gremialista.
Sin embargo, el parlamentario evitó referirse a la figura de Andrés Chadwick, quien es cercano a Hermosilla desde que ambos estudiaban en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y hoy es otro de los apuntados por el oficialismo.
De acuerdo a La Segunda, el abogado le reenvió parte de la información filtrada por Sergio Muñoz sobre la compraventa de la minera Dominga, escándalo que terminó con el expresidente Sebastián Piñera —primo de Chadwick— siendo investigado por el Ministerio Público.
Sectores de izquierda acusan a la UDI de “esconder” al exministro del Interior, por lo que también pedirán citarlo, junto a otros nombres como Rodrigo Delgado y Juan Francisco Galli, a la comisión que estudia el denominado caso Hermosilla.
“El que tiene que dar las explicaciones es el exdirector de la PDI. Quienes pretendan sacar algún provecho político de esta situación creo que están equivocados”, replicó el diputado Coloma.
En entrevista con Meganoticias, la ministra Vallejo negó haber recibido alguna citación a la Cámara, pero coincidió en que Andrés Chadwick debería explicar su presunta implicancia ante los diputados.
“¿Realmente quieren desviar el foco en mí? ¿O lo importante es que vaya el señor Chadwick o las personas que están mencionadas en la audiencia de formalización a prestar antecedentes? Porque, de seguro, ellos tienen más antecedentes de los que puedo tener yo”, afirmar.
¿Aló, fiscal? La llamada de Vallejo a Valencia
En el Frente Amplio construyeron un cerco alrededor de Vallejo cuando comenzó a recibir las primeras críticas. Asimismo, advirtieron que el fiscal Ángel Valencia “se salió de sus funciones” al responder a la ministra por la prensa.
“Si usted quiere hablar de política, comentar las salidas políticas o ponerle calificativos, atacar o no atacar a un partido u otro, presente su candidatura en el Servel y sea candidato a diputado o senador. Sea parlamentario, pero no lo haga a través del cargo de de Fiscal Nacional”, lo emplazó Gonzalo Winter (CS).
En tanto, la diputada Maite Orsini (RD) le recordó al persecutor que “el encargado de recabar la evidencia es el Ministerio Público y no la ministra Vallejo”.
Este jueves, en conversación con ADN, el propio Valencia reveló que la vocera de Gobierno lo llamó para esclarecer este encontrón. “Yo escuché sus explicaciones y me parecieron suficientemente claras. Yo no puedo menos que compartir esa preocupación, ese interés, porque estos hechos se esclarezcan, porque son graves”, explicó.
No es la primera vez que Vallejo telefonea a otra autoridad para intentar resolver controversias. El año pasado lo hizo con el timonel de la Cámara, Ricardo Cifuentes (DC), tras ser criticada por viajar junto a Gabriel Boric a China.
En aquella oportunidad, el demócrata cristiano había acusado un “blindaje” del mandatario a la secretaria de Estado en desmedro de otros jefes de cartera. Tras comunicarse vía telefónica, la titular de la Segegob aseveró que “no hubo ningún argumento real” por parte de Cifuentes.
En este caso, no todo el oficialismo se cuadró se manera estricta con la exparlamentaria del PC. El diputado Jaime Araya, jefe de la bancada PPD-Independientes, la llamó a “actuar con cautela, con mucha prudencia, en esta materia. Hay que ser muy preciso, porque de lo que se está hablando es un tema tremendamente delicado”.
Por su parte, Luis Malla (PL), integrante de la comisión que alude a Hermosilla, tildó de “evidente” la existencia de una red de corrupción y aseguró que corresponde al presidente Boric evaluar los dichos de Vallejo.
“Hay que tener cautela y prudencia en cuanto a lo que se dice y en cuanto a la relación que se tiene (con el Ministerio Público), pero no es mi pega decir si estuvo bien o mal”, indicó.
Finalmente, el jefe de bancada socialista, Daniel Melo, estimó que “estos dichos no ponen en ningún caso en cuestión la relación entre el Gobierno y la Fiscalía. Así lo ha dejado claro la ministra Tohá y el propio fiscal Valencia. Aquí lo que importa es que las instituciones sigan haciendo su trabajo”.
La “comunicación adversarial” del Gobierno
Analistas coinciden en que la pelea política puede consumir el centro del debate, situado en las revelaciones de Sergio Muñoz a Luis Hermosilla en una serie de causas como Dominga, Enjoy, Torrealba, Guevara y Espinosa.
Mauricio Morales, doctor en Ciencia Política y académico de la Universidad de Talca, considera que las declaraciones de la ministra Vallejo “suenan más a una posición política personal, o incluso de su propio partido, que a una voz institucional que venga desde el Gobierno”.
“En general, los gobiernos no hacen comentarios tan explícitos y tan aventurados respecto de situaciones de carácter judicial. Evidentemente que podríamos estar frente a una red de corrupción, pero un vocero de gobierno no es el encargado de realizar ese tipo de declaraciones”, añadió.
Una posición similar tiene Marco Moreno, de la Universidad Central, quien advierte que el Gobierno utiliza con frecuencia una “comunicación adversarial” y “no da cuenta que el problema es mucho más extendido y también en lo que son actores vinculados al Gobierno el problema existe”.
Por otra parte, opina que la respuesta del fiscal Valencia “va más bien en la discusión técnica respecto de si hay o no antecedentes. Es una respuesta que es de cajón, pero que no se hace cargo del problema. Nos quedamos sólo en la forma y avanzamos poco en el fondo”.
En cuanto a las consecuencias de esta disputa comunicacional, Morales apunta que “lo único que hace es distraer al Gobierno y a la Fiscalía, lo que podría entorpecer, al menos a nivel público, las investigaciones que se están llevando adelante por parte de la justicia”.
“Lo que la gente de a pie no logra entender es que el problema sea sólo parte de un problema comunicacional, de disputa comunicacional, y no de que efectivamente se aclaren las responsabilidades y se procese a los responsables”, complementa Moreno.
