"Le corresponde al Estado implementar todas las medidas que estén a su alcance para resguardar los derechos de los grupos vulnerados, como los pueblos indígenas", dice el informe sobre la Macrozona Sur.
“Vulneraciones de derechos a grupos sociales y étnicos”, es lo que reveló el reciento “Informe sobre Violencias Percibidas en la macrozona centro-norte 2023” elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
Una vez emitido, el documento fue enviado al presidente Gabriel Boric, al Congreso y al Ministerio Público. Esto, para emitir conclusiones tras el fenómeno de violencia y cómo afecta.
Según citó El Mercurio, en las regiones del Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, se ha visto un “conflicto que viven comunidades mapuches con algunas empresas”.
“Le corresponde al Estado implementar todas las medidas que estén a su alcance para resguardar los derechos de los grupos vulnerados, como los pueblos indígenas”, dijo el INDH.
Agregando que “la crisis vivida en la zona ha provocado una afectación a los derechos humanos de los actores no indígenas y ha descrito, entre otros aspectos, la situación de vulnerabilidad social de la región”.
Además de “la afectación de derechos humanos vividas por gremios, agricultores, entre otros actores no indígenas”.
“La vulneración del derecho a la libertad religiosa a propósito de los ataques en contra de sitios sagrados indígenas e iglesias cristianas, así como relatos divergentes sobre la propiedad de las tierras en disputa que derivan en acusaciones de usurpación, dan cuenta de que la macrozona centro-sur convive con violaciones complejas, dinámicas y persistentes”, destaca.
Por lo anterior, el informe “constata múltiples vulneraciones de derechos entre particulares donde la respuesta del Estado sigue siendo insuficiente”.
Conclusiones de informe sobre violencias en la Macrozona Sur
Finalmente, el documento concluye que el Estado “por obligación” debe “proveer condiciones de seguridad a todos los habitantes del territorio”.
Esto porque, “dado que la afectación a este derecho altera el libre ejercicio de otros derechos humanos, como, por ejemplo, la educación, la libertad religiosa, la libre circulación y residencia, entre otros”.
En la misma línea, se reconoce como “insuficientes” las medidas adoptadas por los gobiernos anteriores en búsqueda de garantizar la seguridad de la ciudadanía.
Los hechos de carácter delictual, “reflejan múltiples vulneraciones de derechos a diversos grupos sociales y étnicos en la zona”, concluye.
