En la discusión en el Senado se aprobó una modificación al Código Penal que permite la legítima defensa privilegiada contra quienes usurpen un inmueble.
Esta semana comenzó a analizarse, en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley que sanciona el delito de ocupación ilegal de inmuebles, o usurpaciones, generando opiniones diversas. Para diputados oficialistas, el texto emanado del Senado propicia una “guerra civil”, mientras que para parlamentarios de oposición, solo extiende la “legítima defensa privilegiada”.
La discusión se dará en la comisión de Seguridad Pública. Una de las diputadas participantes en la instancia es Lorena Fries (Convergencia Social), quien aseguró que el proyecto propone “normas muy complejas en democracia, como la autotutela”. Es decir, agregó Fries, permite a personas víctimas de usurpaciones “usar armas, detener si ese fuera el caso”.
El problema, agrega la parlamentaria, es que el actuar de reivindicación violento se puede dar en “usurpaciones transitorias, como pueden ser determinadas tomas o huelgas. Llamo a que tengamos cuidado, porque estamos socavando las bases de la democracia”.
Posición similar fue la expresó el diputado Jaime Araya, integrante también de la comisión. Para el parlamentario independiente, pero parte de la bancada del Partido por la Democracia, el proyecto permitiría una escalada de violencia armada entre civiles.
“Podríamos tener visos de guerra civil en la Araucanía si se aprueba esta norma, toda vez que hay grupos armados tanto de terrorismo, pero también muchos civiles que durante años se han ido armando ya que, ante la falta de respuesta del Estado, no encontraron otra solución distinta a comprar rifles o pistolas”, expresó Araya.
En tanto que Raúl Leiva, diputado socialista, adelantó que se buscará cambios al texto en la comisión, puesto que, “la posibilidad de hacer incluso uso de armas de fuego es lo complejo de este proyecto y es lo que vamos a discutir en la comisión de Seguridad Ciudadana”.
Legítima defensa privilegiada
El proyecto de ley aprobado por el Senado y que ahora será visto por la comisión de Seguridad Ciudadana regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas e incorpora mecanismos eficientes de restitución. Además, se aprobó una modificación al Código Penal que permite la legítima defensa privilegiada contra quienes usurpen un inmueble.
Frente a esto, en la otra vereda política, diputados de oposición celebraron el texto, centrando la atención en que la ley amplía el tiempo de flagrancia.
“Lo que hace el proyecto de ley es que amplía lo que es la flagrancia, la hace permanente, se puede desalojar en cualquier momento, incluso ante de que se dicte la sentencia”, resaltó el diputado de la UDI, Henry Leal. Respecto de las críticas oficialistas, Leal aseguró que “al Frente Amplio le falta calle, parece que no saben lo que pasa en la Araucanía”.
Por su parte, el diputado Miguel Mellado, destacó que, al igual que la ley contra el robo de madera o la ley que entrega más facultades a Carabineros, conocida como Naín-Retamal, “son las leyes que sirven en la realidad”.
“Los agricultores, cuando van a sus campos, tienen que dormir con su arma con la bala pasada en la almohada. Si el Estado no defiende sus predios, están en su legítimo derecho de defender lo propio”, explicó el parlamentario por La Araucanía.
Finalmente, el diputado Jorge Alessandri (UDI), presidente de la comisión de Seguridad Ciudadana, se mostró abierto a que, en conjunto con el Ejecutivo, se discuta y mejore el proyecto de ley, haciendo hincapié en lo necesario de la norma.
“En La Araucanía necesitan ley de usurpaciones, en Arauco también, incluso en la Región Metropolitana hemos visto casos de viviendas, terrenos o edificios tomados. El llamado al Ejecutivo es veamos cómo la arreglamos, veamos como la dejamos efectiva, pero no la debilitemos, porque necesitamos esta ley muy pronto”.
