Cabe destacar que Cordero tiene, además, un vínculo personal con este tema, algo que era desconocido por Boric antes de nombrarlo secretario de Estado.
El ministro de Justicia, Luis Cordero Vega, se refirió al Plan Nacional de Búsqueda (PNB), anunciado por el Gobierno. El PNB pretende aunar esfuerzos para conocer el destino de personas detenidas o ejecutadas, que fueron víctimas de desaparición durante la dictadura de Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990.
Respecto de la aplicación del plan, Luis Cordero comentó, en conversación con el medio alemán Deutsche Welle, que “el Presidente espera comenzar el proceso este año, en el mes de agosto, en que se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada”.
Cabe destacar que Cordero tiene, además, un vínculo personal, hasta hace poco desconocido, con este tema, algo que, según él mismo, era desconocido por Boric antes de nombrarlo secretario de Estado.
“Yo me crié en una familia en que los dos hermanos de mi abuela paterna son detenidos desaparecidos de Paine, una localidad campesina en la Región Metropolitana, donde la dictadura detuvo e hizo desaparecer no a dirigentes políticos, sino a campesinos”, relata en entrevista con el medio alemán.
Desde el retorno a la democracia, Chile ha abordado la justicia transicional en dos grandes estructuras: comisiones de verdad acotadas en el tiempo, asociadas a leyes de reparación, y, por otra parte, acciones penales de familiares y agrupaciones, con las consiguientes investigaciones judiciales y condenas.
“Los casos de verdad y justicia han sido relativamente acotados y esencialmente han descansado sobre las acciones y gestiones de los familiares”, indica Cordero. De las 1.469 víctimas de desaparición forzada, solo han sido identificadas 307. El PNB se plantea como un mecanismo para promover verdad y justicia, así como “un ejercicio de memoria y una garantía de no repetición”, destaca el ministro.
¿Qué diferencia puede hacer un Plan Nacional de Búsqueda?
El Estado ha generado una gran cantidad de información, alguna recopilada a propósito de estas comisiones de verdad; otra dispersa en distintas oficinas públicas del período de la dictadura, y en segundo lugar una innumerable cantidad de investigaciones, algunas en desarrollo y otras terminadas, que contienen testimonios, antecedentes y localizaciones. Chile jamás ha reunido toda esa información en un solo lugar. El primer esfuerzo de PBN es tratar de reunir la totalidad de información, integrarla y, a partir de esos antecedentes, más otros nuevos que se puedan recopilar, establecer parámetros y estándares de operación de los crímenes durante la dictadura.
– ¿No hay un plazo o meta específica en el tiempo?
Así es. Se trata de una política pública, para que no descanse en los hombros de los familiares, sino que se transforme en una obligación y esfuerzo permanente del Estado, y que el Estado acompañe hasta que se agote el último esfuerzo por parte de éste. Esto supone generar mecanismos de doble vía. Es decir, desde la vía judicial a la política de PNB y viceversa. El presidente espera comenzar el proceso este año, en el mes de agosto, en que se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.
– ¿Qué recepción ha tenido el plan? ¿Todavía hay quienes quisieran dar vuelta la página?
De parte de las agrupaciones de víctimas ha habido una buena recepción. Es la primera vez que el Estado lo asume como una obligación pública permanente, probablemente la demanda de ellos durante décadas. Y desde el punto de vista de la oposición actual, la derecha que fue antes gobierno, hoy es plenamente consciente de que los crímenes de la dictadura son crímenes de lesa humanidad y no hay límites para que el estado siga indagando. Hemos tenido conversaciones respetuosas y comprensivas de que es necesario y útil para la sanidad del sistema democrático chileno.
– ¿Qué dificultades enfrenta este proceso?
Una de las dificultades es la capacidad de poder analizar una gran cantidad de información que tenemos dispersa. Cuando uno entrevista a familiares y abogados de derechos humanos que han estado por largos años dedicados a este tema, se da cuenta de que ellos han vinculado e integrado una investigación con otra, pero el Estado no lo ha hecho de modo oficial, orgánico ni tecnológico. Enfrentamos un gran desafío de gestión pública: sumar esa información, disponer de recursos para sistematizarla, aplicar tecnología y tener un grupo de trabajo permanente que monitoree el proceso.
Revisa la entrevista completa aquí.
