Ex fiscales respaldaron el informe de la Corte Suprema que señala que existe un uso excesivo y extensivo de la prisión preventiva, y apuntaron al Estado para que otorgue mayor control a otro tipo de medidas cautelares.

Pese a que pueden NO considerarla, el Congreso le pide su opinión a la Corte Suprema cuando hay proyectos de ley relacionado a la administración de justicia. En esta oportunidad la consulta apuntaba a una iniciativa que busca modificar los requisitos para otorgar la medida cautelar de prisión preventiva.

La iniciativa presentada en septiembre de 2021 por senadores que a la fecha eran oposición, busca modificar el Código Procesal Penal, para incorporar criterios de decisión objetivos y controlables en la determinación de la prisión preventiva.

En concreto, buscan que al decretar la medida cautelar más gravosa, el tribunal deberá fundamenta, por ejemplo, que se justifique la pena probable y la proporcionalidad.

Reunido en pleno, el máximo tribunal sostuvo en su informe que el proyecto de ley parte de un diagnóstico acertado y que pareciera existir un consenso dentro de los actores del sistema de justicia penal, que existe un uso excesivo y extensivo de la prisión preventiva.

No solo eso, sino que además denota en uso que la lleva a alejarse de sus fines cautelares y a transformarse, en muchos casos, una pena anticipada.

Pero no todo fue consenso, sino que también la Corte Suprema dice que dicha cautelar aumentó por modificaciones que se han realizado al Código Penal y donde se han tipificado nuevos delitos como graves.

Opinión que compartió el exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, quien sostuvo que si hubiese una mayor capacidad de control de por ejemplo el arresto domiciliario total o parcial, sería posible evitar -en algunos casos- la prisión preventiva.

El exfiscal Pedro Orthusteguy, afirmó que es un consenso en que hay un uso excesiva del prisión, pero advierte que esta iniciativa tiene detrás razones políticas ya que apuntaría a los denominados presos de la revuelta.

Recordemos que la prisión preventiva se puede decretar por ser considerado un peligro para la seguridad de la sociedad, eventual fuga, o pena probable