Diputados de la comisión revisora de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera cuestionaron la inasistencia de algunos invitados, como el fiscal nacional y el director del Servicio de Impuestos Internos, y realizaron un llamado a concurrir a la instancia. A Jorge Abbott le enviarán un cuestionario, y en la oposición ya centran sus expectativas en la citación al exfiscal Manuel Guerra, que sobreseyó al Mandatario en 2017.

Con el fiscal nacional, Jorge Abbott, excusándose de asistir comenzó el trabajo de la comisión revisora de la acusación constitucional presentada contra el presidente Sebastián Piñera por la compraventa de Minera Dominga, realizada en Islas Vírgenes Británicas.

A través de una carta de dos páginas, el persecutor jefe argumentó que la investigación penal de oficio contra el jefe de Estado está a cargo de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, y que “no resulta procedente” afectar la actuación autónoma de la funcionaria.

La diputada del Partido Socialista y presidenta de la comisión revisora, Maya Fernández, explicó que los diputados acordaron enviar un cuestionario a Abbott.

De Abbott querían explicaciones

De Abbott esperaban una explicación a dos interrogantes.

La primera: las razones por las cuales el exfiscal Manuel Guerra, a cargo de la investigación del caso Exalmar en 2017, no consideró el contrato final de la compraventa, y el antecedente de la transacción ocurrida en un paraíso fiscal.

La otra está muy relacionada: por qué exactamente consideró el Ministerio Público que no es “cosa juzgada” la causa por la que el presidente Sebastián Piñera fue sobreseído en septiembre de ese año.

El jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Gabriel Ascencio, estuvo presente de manera telemática en la instancia, y comentó a Radio Bío Bío que la oposición ahora centra sus expectativas en invitar a quien pidió ese sobreseimiento: el exfiscal Guerra.

El diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, que también visitó la comisión, dijo esperar que Abbott pueda explicar – vía cuestionario – por qué una investigación periodística de un consorcio internacional entregó información nueva de una causa que ya fue vista.

Gobierno molesto

No es ningún secreto que el Gobierno está molesto con el actuar del Ministerio Público este último mes.

En La Moneda cuestionan la reapertura de la causa y supuestas comunicaciones que tuvo una fiscal con un diputado del Partido Socialista en medio de este anuncio.

El ministro de la Segpres, Juan José Ossa, valoró que Jorge Abbott no se presentara en el inicio de la tramitación del juicio político y señaló que espera que durante la indagatoria no existan filtraciones.

SII tampoco irá

Pero la ausencia de Abbott no fue la única.

Ayer, la comisión revisora fue notificada que no podrá asistir – por supuestos problemas de agenda – el director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza.

La diputada de Renovación Nacional, Paulina Núñez, lamentó las inasistencias y llamó a las personas que están siendo citadas a concurrir a la instancia.

La comisión revisora sí recibió a abogados ambientalistas, a los redactores de la acusación constitucional y a periodistas que han investigado los negocios de la familia Piñera Morel durante su primer y segundo mandato.

La instancia destacó el antecedente que entregó el abogado ambientalista Ezio Costa: durante el primer año del segundo período de Sebastián Piñera se creó la “Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables”, que incluyó desde el principio en su carpeta el proyecto minero-portuario Dominga. Por esa arista, habrá nuevas invitaciones.

Por su parte, periodistas de investigación criticaron a Manuel Guerra.

Uno de ellos fue Sergio Jara, director del área de investigación de Radio Bío Bío entre 2016 y 2018.

El profesional apuntó que la cláusula de los US$9,9 millones del contrato de compraventa “le pasó por el lado” al persecutor en 2017 y que en ese reportaje hay más elementos que parecen nunca haber sido indagados.

Para este miércoles se espera la asistencia de la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, y del exministro de la cartera, Marcelo Mena, además de directivos de organizaciones medioambientales y abogados tributarios.