Sebastián Piñera fue un estadista que gobernó en contextos extraordinariamente adversos: un terremoto devastador, una pandemia inédita y, especialmente, un estallido de violencia delictual que puso en jaque el orden público y la estabilidad democrática del país. Pese a ello, condujo el Estado con apego a la institucionalidad, sin claudicar ante la presión de la calle ni caer en la tentación del rencor o la revancha política.
Por lo mismo un grupo de parlamentarios, tanto diputados como senadores, presentó un proyecto de ley que autoriza a erigir un monumento en su memoria, en la Plaza de la Constitución, y mediante donaciones privadas, es decir, sin representar gasto fiscal alguno.
En este contexto, la senadora Fabiola Campillai utilizó una atribución parlamentaria legítima, como es presentar indicaciones, para un fin derechamente malicioso.
Buscó humillar, provocar y reescribir la historia desde un sesgo ideológico, y por qué no decirlo, rencoroso. En lugar de la Plaza de la Constitución, la senadora buscó que el emplazamiento del monumento estuviera en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Tiltil, ex Punta Peuco.
La Comisión de Cultura del Senado rechazó ésta y todas sus demás indicaciones, dándole de manera unánime un verdadero portazo a su odiosa lógica de revancha. “El monumento solo se podrá erigir una vez publicada una ley de reparación integral a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante la revuelta popular de octubre de 2019”, decía otra de las presentadas.
A juzgar por el tenor de sus propuestas, la senadora Campillai nunca pretendió expresar una diferencia legítima, o abrir una discusión patrimonial o urbanística. Derechamente su intención fue desfigurar por completo el sentido y el mérito de un más que merecido homenaje institucional a un expresidente de la República.
Más allá de las legítimas diferencias políticas que en la izquierda puedan haber tenido con Sebastián Piñera, al final, terminada la fiebre octubrista, todas las cosas quedaron en su lugar. Tal como dijo José Antonio Kast en su discurso de triunfo, con el tiempo la figura del expresidente “solo crece”.
Incluso frente a amenazas públicas y advertencias explícitas —como aquellas formuladas por el entonces diputado Gabriel Boric, quien lo “avisó” por eventuales responsabilidades futuras— el expresidente Piñera optó por el camino de la institucionalidad, del Estado de Derecho y del respeto irrestricto a la democracia. No persiguió a sus adversarios, no utilizó el poder para ajustar cuentas, y jamás buscó ningún tipo de venganza.
En ese sentido, no es casual que, a propósito de la absolución de Claudio Crespo, la misma senadora haya calificado como “ley maldita” la Ley Naín-Retamal, una norma que devolvió legitimidad jurídica y respaldo a nuestras policías en el cumplimiento de su deber.
Chile exige memoria, pero memoria entendida como mística, no como el eslogan de la izquierda radical. Necesitamos memoria para que nunca más perdamos la cordura institucional. El futuro exige no caer en bajezas.
La figura de Sebastián Piñera merece quedar retratada en un monumento. Otros presidentes -incluso Salvador Allende- cuentan con el suyo. Cumplirle al expresidente es cumplirle a Chile. Su homenaje es un acto de justicia con nuestra república.
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