Justicia, populismo y el ruido del poder

Lo más inquietante del reciente coro de declaraciones políticas tras el veredicto -no la sentencia- en el caso Gatica no es solo su imprudencia jurídica, sino su vocación populista. Un populismo peculiar, eso sí, no el de la calle, sino el de carácter institucional, ejercido desde cargos de alta responsabilidad, con traje, micrófono y pretensión moral.

Desde el punto de vista estrictamente jurídico, el error es elemental, toda vez que se comenta un veredicto como si se tratara de una sentencia firme, se adelantan conclusiones sin conocer los fundamentos y se omite deliberadamente el hecho central de todo juicio oral moderno: la prueba se produce, rinde y valora en la sala del tribunal, no en las redes sociales, la tribuna política, el Congreso o La Moneda.

Nadie que no haya presenciado las audiencias, examinado la evidencia ni ponderado su mérito conforme a Derecho está condiciones de emitir un juicio responsable.

Pero el problema es más profundo. Lo que observamos es la consolidación de un populismo judicial comunicacional, una forma degradada del discurso público en que la justicia deja de ser un sistema de reglas y garantías para transformarse en un objeto de consumo emocional. El fallo vale si confirma el relato previo; si no lo hace, se sospecha del tribunal, del juez, del sistema entero. No hay derrota probatoria, hay traición y desconfianza organizada.

Desde la sociología, el fenómeno es aún más preocupante. Se instala la idea de que la legitimidad de las instituciones no proviene de su función, sino de su alineamiento. El tribunal deja de ser un órgano imparcial y pasa a ser evaluado como un actor político más. La consecuencia es devastadora, pues el ciudadano ya no distingue entre justicia y opinión, entre sentencia y consigna. Todo se vuelve relato, todo decanta en sospecha.

En términos politológicos, la situación configura un manual de erosión democrática blanda. No se ataca frontalmente al Poder Judicial- eso sería burdo-, sino que se lo desgasta por comentario, se lo somete a un juicio paralelo permanente, se lo condiciona simbólicamente.

Antes se opinaba “con respeto”, hoy se “lamenta” el fallo, mañana se va a sugerir que algo “falló en el sistema”. El resultado es el mismo: la justicia comienza a operar bajo presión ambiental, no normativa. La independencia judicial no se pierde solo por ley, también se diluye por ruido.

Quien ejerce el poder comunica siempre, incluso cree que solo está opinando. Las autoridades no hablan a título personal, aunque lo pretendan. Lo hacen desde un podio institucional. Por eso, cuando emiten juicios ligeros, ideologizados o emocionalmente cargados respecto de decisiones judiciales que no conocen en profundidad, educan mal. Enseñan que la convicción antecede al proceso judicial, que la prueba rendida durante el juicio es secundaria, que las cuestiones del Derecho son siempre opinables.

Alguna vez este país entendió que gobernar implicaba formar criterio, no explotar emociones. Que el liderazgo tenía un deber pedagógico, no solo electoral. Esa tradición republicana -que tuvo en Pedro Aguirre Cerda una formulación clara y honesta- hoy parece haber sido reemplazada por la ansiedad del titular, el aplauso inmediato, la adhesión tribal y la rentabilidad del conflicto.

El populismo judicial no busca justicia, demanda confirmación. El populismo comunicacional no busca verdad, persigue impacto. Ambos se alimentan del mismo error: creer que las instituciones deben acomodarse al clima emocional del momento y no resistirlo.

Con esta clase de reacciones, algo torpes, descuidadas y pasionales, el poder político no defiende a las víctimas ni fortalece la democracia. Todo lo contrario, debilita el Estado de Derecho en nombre de una superioridad moral autoproclamada, tan ruidosa como frágil.