La Unidad Anticorrupción del Ministerio Público determinó que los antecedentes revelados por los "Pandora Papers" no fueron parte de indagatorias anteriores, por lo que el fiscal Jorge Abbott decidió abrir una investigación penal contra el presidente Piñera por los presuntos delitos de cohecho, soborno y tributarios.

La fiscalía anunció este viernes que el fiscal nacional, Jorge Abbott, decidió iniciar una investigación penal de oficio contra el presidente Sebastián Piñera, por los hechos que se dieron a conocer en los denominados “Pandora Papers”.

La directora de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, señaló que los antecedentes podrían revestir delitos de cohecho, soborno y tributarios.

Cabe recordar que el fin de semana pasado, una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló que la familia de Piñera y la de Carlos Délano sellaron la compraventa de la Minera Dominga en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.

Además, se aseguró que el pago de la tercera cuota de la transacción estaba condicionado a que el primer gobierno de Piñera no declarara como reserva natural la zona donde se construirá el proyecto. Eso finalmente se dio así y la cuota se pagó.

La Unidad Anticorrupción del Ministerio Público concluyó que estos últimos hechos no han formado parte de alguna investigación penal anterior.

“La opinión técnica es que los hechos relacionados compraventa de la minera no están expresamente incluidos en la decisión de sobrecimiento del Cuarto Juzgado de Garantía del año 2017”, indicó Herrera.

En ese sentido, agregó que “el contrato en inglés, suscrito en Islas Vírgenes Británicas, no estaba incorporado en la investigación de ese tiempo, por lo que es un antecedente nuevo”.

Abbott designó a la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, a cargo de la indagatoria por el caso Dominga.

La persecutora también investiga las acusaciones contra Piñera por su presunta responsabilidad en delitos de lesa humanidad durante las manifestaciones del estallido social.

Sobre esta indagatoria, la directora de la Unidad Anticorrupción dijo que no habían plazos determinados, pero que deberían ser acotados.