Entre enero y el 18 de octubre de 2022, la PDI detectó a 24.958 personas entrando a Chile por pasos no habilitados en Chacalluta, Colchane y Ollagüe. En el mismo período de este año fueron 1.532. Comparado con 2025, la caída es de 85,8%. En Colchane, la comuna que se volvió la imagen de la crisis, la cifra de personas detectadas pasó de 10.036 a 1.199. Durante años se nos dijo que la frontera norte era imposible de controlar. Hoy sabemos que no era cierto.

Estamos ordenando la casa, y el desorden que heredamos viene de lejos. Durante años, ingresar al país por un paso no habilitado era parte de la normalidad, las órdenes de expulsión se apilaban sin ejecutarse y cumplir las reglas daba lo mismo. Ese descontrol migratorio no se quedó en la frontera. Se mezcló con el delito, hizo crecer las tomas y les entregó a las bandas criminales justo lo que necesitaban: un Estado debilitado, que perdía terreno, que no sabía quién entraba y menos conseguía expulsar a los delincuentes.

Cuando la regla se vuelve negociable, los primeros en pagar son los más vulnerables. Lo pagó el vecino de Colchane que vio a su localidad desbordada y la familia de Alto Hospicio que vio crecer la toma junto a su casa.

La respuesta del gobierno del presidente José Antonio Kast es simple y exigente: que la ley se cumpla. No tenemos otra política. Quien entra por un paso no habilitado tiene que ser devuelto, quien tiene una orden de expulsión tiene que salir del país y quien viene a delinquir tiene que saber que lo vamos a buscar para enfrentar la ley.

Eso ya se ve en terreno. En la frontera norte hay militares desplegados, y el sistema de contramovilidad está terminado en Chacalluta. Este año, el 77,5% de los adultos detectados en la frontera fue devuelto de inmediato al país desde el que entró. Al 10 de octubre se habían concretado 1.874 expulsiones en diez vuelos. Al 18 de octubre, 11.010 extranjeros en situación irregular habían salido del país por su cuenta, más de cuatro veces que los de igual período en 2025.

Entre enero y septiembre, Migraciones y la PDI revisaron la identidad y la situación migratoria de 41.171 extranjeros, un 46,6% más que el año anterior. Y esta semana, más de 1.100 detectives en 16 regiones controlaron a más de dos mil personas y detuvieron a 347, de las cuales 139 habían entrado por pasos no habilitados.

Para seguir avanzando necesitamos al Congreso. Por más que crezca el despliegue, la ley le pone un techo, y esta semana se levantó una parte. El lunes 19, la Cámara aprobó por 128 votos contra 11 el proyecto que perfecciona la expulsión administrativa. Al día siguiente el Senado lo despachó con 37 votos a favor y una abstención. Cuando entre en vigencia, la PDI podrá pedir a un juez de garantía autorización para entrar a un domicilio y detener a quien tenga una orden de expulsión firme. La prohibición de volver a Chile además subirá de tres a cinco años.

Quedan dos brechas que se repiten a diario. La primera es el plazo de retención: si el vuelo de expulsión no sale a tiempo, hoy la persona debe quedar libre. La reforma que amplía ese plazo fue rechazada por la Cámara en septiembre. La vamos a reponer, y esperamos el apoyo de los senadores en forma transversal.

La segunda es que, para nuestra ley, entrar por un paso no habilitado sigue siendo una falta administrativa. El proyecto que lo convierte en delito se aprobó en general en mayo y desde entonces espera tabla en la Comisión de Gobierno del Senado. A estos dos se suma el proyecto que sanciona a quienes trasladan a personas recién ingresadas de forma irregular, que la Cámara aprobó el 6 de octubre.

La votación de esta semana fue transversal, y eso importa. Parlamentarios de distintas bancadas nos han dicho que quieren colaborar con la agenda de seguridad. Y nosotros les decimos que la seguridad es deber de todos, que los necesitamos a todos para poner por delante la tranquilidad de las familias chilenas.

Les pedimos que mantengan esa disposición en las votaciones que faltan, porque los chilenos llevan años pidiendo lo mismo: que quien entra por la ventana o viene a delinquir se encuentre con un Estado fuerte, que hace cumplir la ley.

Hace cuatro años, por Colchane se detectaron ingresos de casi 24 mil personas en menos de diez meses. Este año fueron 1.199. Si se pudo ordenar el punto más difícil de la frontera, también podemos ordenar el resto de la casa.