Era difícil superar el desacierto de los indultos

El título de esta columna viene de un posteo del cientista político Patricio Navia, que dijo textualmente que “es difícil superar el desacierto de los indultos de Boric en 2022 a delincuentes y criminales condenados por los delitos del estallido social. Pero el gob de Kast, con las rebajas de condena a los violadores y depredadores sexuales, lo superó con creces”. Nadie puede acusar al destacado cientista político de octubrista, o que forma parte de algún plan de la oposición.

Y es que la controversia por estas reducciones de pena, leídas de inmediato por la ciudadanía y el arco parlamentario como «indultos encubiertos» a sentenciados por delitos sexuales y abusos a menores, no constituye únicamente un error de gestión: es, ante todo, una lección brutal de clausura comunicacional y torpeza táctica que dinamitó el tablero de La Moneda cuando, ocupando un término futbolístico, iban saliendo a jugar con el nuevo vocero.

Para examinar este autogol es prudente leer al sociólogo Niklas Luhmann y su célebre postulado sobre las tres improbabilidades de la comunicación. Decía Luhmann que la comunicación es un milagro estadístico: primero, es improbable que el otro entienda lo que uno dice; segundo, es improbable que el mensaje llegue más allá de los presentes; y tercero, aun cuando se entienda y se reciba, es sumamente improbable que sea aceptada la premisa contenida en el acto comunicacional.

Frente a este tríptico, el ministro de Justicia actuó haciendo aún más improbable lo que ya lo era. Al estallar el caso de las 56 solicitudes acogidas para rebajar condenas a violadores, Rabat recurrió a una defensa técnica hiperformalista: alegó doctrinas de la Corte Suprema, argumentos sobre retroactividad de la ley y evaluaciones puramente procesales caso a caso. Ya en junio había titubeado ante los micrófonos diciendo que conceder beneficios a violadores de niños «dependía del expediente».

Sin embargo, el verdadero mazazo lo asestó la presidenta de la Corte Suprema al desmantelar de cuajo su coartada, en presencia suya y dejar meridianamente claro que fue el ministerio, y no los jueces, quien estampó la firma en los decretos.

Como suelen decir en los pasillos de la administración pública: el que firma, paga. Toda la responsabilidad política y administrativa recae sobre su escritorio, mientras el secretario de Estado continúa extraviado en un laberinto procedimental que nadie en el país real está dispuesto a tragar.

La tesis luhmanniana operó de inmediato. El subsistema jurídico puede dialogar consigo mismo en códigos de legalidad/ilegalidad y tecnicismos administrativos, pero el subsistema de la opinión pública solo procesa bajo una percepción visceral, moral y binaria: o estás con las víctimas o estás protegiendo a los victimarios.

Al intentar salvar la improbabilidad de la comprensión con leguleyadas, Rabat aseguró la derrota absoluta. Para el ciudadano de a pie, el enredo sonaba a justificación de algo horrendo: el gobierno les está perdonando los años de cárcel a violadores de niños. Ni siquiera la decisión tardía de frenar los decretos logró mitigar el impacto; el daño ya está hecho y la herida política quedó abierta.

El costo colateral de este desaguisado fue demoledor en términos de agenda. En política, el oxígeno mediático es un recurso escaso y no renovable. Justo cuando el Ejecutivo buscaba instalar un hito mayor de relanzamiento y refresco político, mediante el nombramiento del exdiputado Gonzalo Arenas como nuevo vocero de Gobierno para ordenar las filas y retomar la iniciativa comunicacional, el escándalo de las firmas lleva a este desastre.

Y por cierto, deja la pelota dando bote a la oposición, que puede presentar una Acusación Constitucional muy difícil de rechazar para los diputados bisagras e incluso los de Chile Vamos. Y para los senadores que van pronto a la reelección se les vuelve cuesta arriba hacer la defensa, pues la explicación agravó la falta.

Como siempre en política la pregunta fundamental ante una crisis de esta magnitud es “¿Qué hacer?”. La respuesta no radica en porfiar con comisiones técnicas ni en dilatar explicaciones que solo mantendrán el desgaste a diario.

En la arquitectura del poder, los ministros cumplen una función sistémica muy específica: ser amortiguadores del Presidente.

Son, en el sentido más crudo de la costumbre política chilena, fusibles diseñados para quemarse y evitar que el cortocircuito se extienda por todo el gobierno, y que pierda la agenda a manos de la oposición y la AC que viene (sería muy estúpido argumentar que no le conviene, pues aún perdiendo saca al pizarrón a los aliados coyunturales del ejecutivo). Lo más eficiente, higiénico y sensato para el gobierno es cortar la corriente antes de que incendie la casa completa.