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Los datos están sobre la mesa y los indicadores también: O’Higgins cumple. Lo digo así, de entrada, porque en la discusión del Presupuesto 2027 ha ocurrido algo difícil de explicar a cualquier vecino de nuestras 33 comunas.
La región que ha ejecutado prácticamente la totalidad de sus recursos durante cuatro años consecutivos es la que recibe el mayor recorte del país. O’Higgins pierde un 20,2% de su presupuesto de inversión, más de 18 mil millones de pesos. El promedio de los gobiernos regionales cae un 13,5%; la Región Metropolitana, un 9,5%.
No entendemos cuál es la lógica del castigo.
Los números no son una opinión. En 2022 ejecutamos el 100% de nuestro presupuesto; en 2023, otra vez el 100%; en 2024, el 98,9%, y en 2025, el 98,2%. Somos la cuarta región con mejor ejecución de Chile en el período.
Mientras tanto, regiones que promedian menos de un 90% de ejecución enfrentan recortes de entre 10% y 13%, cerca de la mitad del nuestro. No lo digo para apuntar a nadie: cada territorio tiene sus complejidades, y todos los gobiernos regionales merecemos más recursos, no menos. Lo digo porque, si el criterio no es el desempeño, nadie ha explicado cuál es.
Y ejecutar no es solo un porcentaje. Sé que hay quienes miran estas cifras con sospecha, como si gastar fuera un fin en sí mismo. Por eso vale la pena decir en qué se traducen: 26 ambulancias para la red de salud; 33 furgones adaptados para trasladar pacientes desde cada comuna al Centro Teletón; el CESFAM El Manzano en Las Cabras; la conservación del Hospital de Graneros; el inicio del saneamiento sanitario de Pichilemu, una obra de más de 39 mil millones de pesos; pórticos de televigilancia para Carabineros y 34 vehículos para la PDI. Eso es lo que hay detrás de cada punto porcentual.
Por eso, cuando advertimos que el recorte tiene consecuencias, no hablamos en abstracto. Hablamos de menos empleo en nuestras comunas, menos ambulancias, más espera en las listas oncológicas, menos carros bomba, menos patrullas. Así de concreto.
Hay algo más que el debate presupuestario suele pasar por alto. Buena parte de nuestros recursos los ejecutan servicios públicos nacionales a través de convenios. Este año, por ejemplo, la liquidación anticipada de un contrato por parte del Serviu en el eje Balaguer–República–Machalí dejó 7.400 millones de pesos sin pagar. Cuando esos recursos no se mueven, la cifra se le carga al Gobierno Regional, aunque la decisión no haya sido nuestra. Aun así, hemos cumplido.
El Ejecutivo ha planteado la posibilidad de entregar más recursos a mitad de año a las regiones que muestren buena ejecución. Valoramos que, por fin, se hable de desempeño. Pero la propuesta no resuelve el problema de fondo: no se puede recortar la base de una región que ya demostró que ejecuta, para luego pedirle que lo demuestre otra vez. Las obras no se planifican por semestres. Un sistema de agua potable, un CESFAM o una flota de ambulancias requieren certezas desde enero, no promesas para julio. Si el desempeño importa, que importe hoy, en la ley que se está votando.
Lo que pedimos no es un trato especial. Es una regla lógica y racional: fórmulas de distribución consensuadas, reales y medibles, que permitan evaluar el trabajo de los gobiernos regionales y que no dependan de quién gobierne en Santiago o en regiones. Eso es descentralizar en serio: que el esfuerzo de un territorio tenga consecuencias, y que esas consecuencias sean buenas.
Nuestro Gobierno Regional trabaja con los 33 municipios de O’Higgins, sin mirar el color político de sus alcaldes. Esa misma vara es la que le pedimos al Estado: que no mire al gobernador de turno, sino a las comunas y a las personas que viven en ellas.
Ministro, los datos están sobre la mesa y los indicadores también. O’Higgins cumple. Lo único que pedimos es que el presupuesto también cumpla con O’Higgins.
