A días de que se lleve a cabo la cumbre de ministros y representantes en República Dominicana —fijada para el próximo lunes 26 y martes 27 de octubre—, el gobierno de Chile tiene más dudas que certezas frente a la Coalición Contra los Cárteles de las Américas (A3C).
Según confirmaron fuentes de La Radio, la ofensiva antinarcóticos impulsada por el Presidente de Estados Unidos Donald Trump no convenció al Ejecutivo, por lo que Chile no firmará la adhesión a la coalición. En su lugar, dicen altas fuentes de La Moneda, se solicitará ingresar únicamente como “país observador”.
La decisión, que se prevé comunicar oficialmente el lunes mediante un pronunciamiento de Estado, fue notificada recientemente a la diplomacia estadounidense a través del embajador Brandon Judd.
Esta decisión marca una diferencia con el resto de países de la región. Brasil y Uruguay, por ejemplo, rechazaron firmar su adhesión e incluso declinaron incorporarse como observadores. En cambio, se prevé que Argentina, Perú y Bolivia sí estamparán su firma en el foro que se celebrará en el Caribe.
Mirar pero no participar
La Coalición Contra los Cárteles de las Américas surgió a inicios de 2026 en el marco de la cumbre conocida como el “Escudo de las Américas”. Se trata de una iniciativa de cooperación de seguridad impulsada por el gobierno de Estados Unidos para combatir al crimen organizado transnacional y al narcotráfico en la región.
La estrategia se fundamenta en la postura de Washington de que las herramientas tradicionales contra el narcotráfico han fracasado, dado que las redes criminales han desarrollado un poder de fuego, logístico y financiero que en algunas zonas les permite desafiar el control territorial de los Estados.
Y si bien en Chile existía interés en participar de la instancia, fuentes dentro del Ejecutivo explican que el escenario político actual no ofrece margen para suscribir un pacto de esta naturaleza con Estados Unidos.
Por lo mismo, afirman inquilinos de La Moneda, Chile prefiere evaluar el funcionamiento operativo de la alianza antes de considerar un eventual ingreso.
Citas en EEUU
Según cuentan personeros de Palacio, las tratativas comenzaron casi en paralelo a que José Antonio Kast asumiera como Presidente. La primera reunión ocurrió en marzo en Miami. Durante la instancia, el ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, firmó por instrucción de La Moneda una declaración de intenciones para combatir el crimen organizado internacional.
La segunda cita ocurrió en Washington. Sin embargo, por razones que no han sido aclaradas, Chile no fue incluido en la nómina de invitados.
La tercera reunión fue la Cumbre de Ministros de Defensa de las Américas que se celebra cada dos años. El encuentro estuvo dominado por los requerimientos del Pentágono en el que EEUU propuso a los países elevar su presupuesto de defensa al 5% del PIB y desvincularse de organismos internacionales de justicia.
“Es fundamental que nuestros vecinos de la región inviertan más en su propia defensa y seguridad. No hay razón para que ningún país, especialmente aquellos que enfrentan importantes amenazas narcoterroristas, destine tan poco a defensa”, escribió Elbridge Colby, subsecretario de Defensa de Estados Unidos, en la revista Americas Quarterly.
El alto cargo del Pentágono calificó de “absurdo” que algunos países latinoamericanos “destinen menos del 1% de su PIB a la defensa nacional”, aunque no precisó cuáles.
Por último, vino el Foro A3C en Panamá que estuvo marcado por los dichos del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien se refirió a Latinoamérica como el “patio trasero”. En dicho foro, la delegación chilena presentó duros reparos verbales formalizados posteriormente en un informe entregado a Washington.
Las aprehensiones chilenas
El choque central de Chile con los postulados estadounidenses radica en las aspiraciones iniciales de Washington de obtener “carta blanca” para que las fuerzas de la región operaran bajo la tutela del Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM, por sus siglas en inglés). Se trata de la unidad del Departamento de Defensa responsable de las operaciones y la cooperación en seguridad en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.
Sin embargo, Chile fijó sus innegociables: ninguna intervención podría realizarse sin la autorización previa del país receptor. En esa línea, el gobierno postuló que toda acción debía contar con la aprobación unánime de los miembros de la A3C y cada procedimiento debe ajustarse estrictamente al derecho internacional y a la legislación interna.
Este último punto resulta crítico, dado que la Constitución y las leyes chilenas prohíben de forma taxativa el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional sin la aprobación explícita del Congreso Nacional.
Aunque varios de los temas planteados por Chile fueron atendidos y quedaron plasmados en un nuevo documento, Chile no va a firmar. La situación interna, reconocen fuentes de gobierno, “no da para firmar este tipo de cosas con Estados Unidos”. El propio Barros ha tenido que salir a responder en más de una oportunidad a los dichos del embajador Judd y del propio Hegseth.
“Desde el punto de vista de Chile, nosotros no somos el patio trasero de ningún país. Somos un país muy orgulloso de nuestra realidad”, dijo Barros en agosto pasado en respuesta a la ofensiva norteamericana para revivir la Doctrina Monroe.
Las promesas de EEUU
Más allá de las fricciones diplomáticas, fuentes del gobierno de Estados Unidos explican a Bío Bío que la firma no implica ceder autoridad en favor de Washington. En esa línea insisten en que cada país podrá actuar con sus autoridades, leyes y decisiones propias.
Nada en el documento, detallan, exige participación de tropas actuando fuera de su territorio o de tropas extranjeras actuando en otro país. De hecho, el documento no establece un mando multinacional y ya no hay una exigencia en el gasto de defensa.
De este modo apuntan a que éste no es un tratado, porque no es vinculante ni establece la creación de ningún organismo. Lo que sí es, sostienen, es un grupo de coordinación de información para emprender acciones conjuntas y gestar acuerdos entre los países participantes.
Según comentan personeros fuera de micrófono, en la Casa Blanca ven que todo lo que se ha hecho hasta ahora para controlar el narcotráfico “no ha funcionado”. Por eso, dicen los mismos inquiridos, “hay que actuar contra redes que trascienden fronteras”. Se trata, afirman, de organizaciones que “con poder de fuego, financiero, logístico que les ha permitido controlar territorios como si ellos fueran el Estado”.
De ahí que la meta es impedir la libertad de movimiento y diseñar acciones compartidas, siempre y cuando éstas se puedan ajustar según la legislación de cada país. “Si Chile no quiere hacer algo, no lo hará”, aseguran.
Algunos analistas advierten que, para Estados Unidos, el Escudo de las Américas sería una coalición política, mientras que el A3C sería de índole eminentemente operativo. Para algunos de los consultados resulta entonces extraño estar en lo político y no en lo operativo.
Presión oficialista
Este viernes, el José Antonio Kast sostuvo una reunión de trabajo con los presidentes del Partido Republicano, la Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacionalm Evópoli y Partido Cristiano de Chile.
En la instancia, las colectividades solicitaron en conjunto que Chile reconsidere su decisión y firme como estado miembro del A3C.
El timonel de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez aseguró que sería un error restarse de esa alianza contra el crimen organizado.
“Yo sé que es una decisión difícil (…) Yo sé que aquí lo que va a ocurrir es que van a aparecer políticos de izquierda diciendo que vamos a ser serviles a otras potencias. Nuestro compromiso es con los chilenos contra el combate al crimen organizado, este gobierno hizo una promesa y tiene que cumplirla”, señaló el dirigente gremialista, quien, además, anunció que La Moneda se abrió a repensar la decisión.
Lo secundó el jefe de los republicanos, el senador Arturo Squella, quien —pese a reconocer que la determinación final la tomará el Presidente Kast— aseguró es una mala señal restarse de un acuerdo al que suscribirán todos nuestros países vecinos.
“Hicimos ver la importancia que tiene para Chile el agotar los esfuerzos por aliarse a todos los países que estén disponibles para dar esta batalla en conjunto (…) Sería especialmente delicado que nosotros no estuviéramos en esa condición”, sostuvo Squella.
En ese escenario, los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores aún trabajan para definir si Barros viajará o no a República Dominicana la próxima semana. Con todo, fuentes de La Moneda ven como un escenario altamente probable que el secretario de Estado desista de asistir.
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