La Corte de Apelaciones de Arica acogió un recurso de amparo interpuesto por el Servicio Jesuita a Migrantes en contra de resoluciones de las intendencias de Arica y Parinacota, Tarapacá y de la Región Metropolitana por las cuales 35 migrantes debían abandonar el país.
Los extranjeros provienen de diferentes nacionalidades, quienes habrían ingresado al país de forma clandestina.
En fallo dividido, la Segunda Sala del tribunal de alzada dejó sin efecto los decretos de expulsión de ciudadanos haitianos, cubanos, venezolanos, colombianos y dominicanos dictados entre 2018 y 2019, luego de constatar ausencia de fundamentos y por ser desproporcionadas.
Los jueces concluyeron, citando fallos previos de la Corte Suprema, que “la resolución recurrida igualmente se torna en ilegal si la misma presenta como única motivación fáctica el ingreso clandestino al territorio, el cual, no fue eficazmente investigado por las autoridades llamadas por ley a hacerlo con el objeto de establecer su efectiva ocurrencia”.
Pese a ello, continúa el fallo, “se la invoca en un acto administrativo de grave trascendencia, lo que ilustra sobre la desproporcionalidad de la medida, desconociéndose el resto de los elementos que deben ponderarse en este tipo de asuntos, como los mencionados en los fundamentos que siguen”.
En paralelo, la Corte rechazó los recursos de amparo de 3 extranjeros.
