Durante estos meses el Gobierno había realizado una férrea defensa de los medidores inteligentes en el proceso de implementación de una ley aprobada en el gobierno anterior.

Recordemos que el año pasado se publicó en el Diario Oficial un decreto que modificaba las tarifas de distribución eléctrica hasta 2020 y obligaba a las compañías a cambiar todos los equipos actuales.

Este gasto sería con cargo al cliente, pese a que se anunció que no tendría un costo asociado. E independiente de que los usuarios se hicieran cargo de la inversión, el artefacto continuaría siendo propiedad de la empresa, no como hoy, que el 70% de los medidores y empalmes pertenecen a los consumidores, de acuerdo al texto legal (Ley 21.076) que fue aprobado en el Congreso en enero de 2018.

“El usuario paga todo”, señaló en este debate el presidente Sebastián Piñera, en donde se instalaron mesas de trabajo y se anunciaron acuerdos de compensación de sólo algunas empresas con el objetivo de incentivar el cambio de medidores.

Pero ayer miércoles hubo un vuelco: el Ejecutivo anunció que el cambio de medidores será voluntario y en un plazo de nueve años.

De paso, anunciaron además que se enviará una ley corta con la que se revisará a la baja la rentabilidad asegurada de las empresas eléctricas, lo que tendrá un impacto directo en el próximo decreto tarifario que tramitará el Gobierno, según aseguró la ministra de Energía, Susana Jiménez.

Una controversia por la que el Gobierno sufrió una caída en las encuestas y que abrió cuestionamientos desde el propio oficialismo. El más crítico fue el senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, quien reaccionó positivamente tras el anuncio.

“Estoy feliz. Yo siempre he apoyado a mi Gobierno, pero las cosas las digo de frente. Y aquí había una responsabilidad seria. Que bueno que hayan respondido a lo que la gente quiere”, aseguró.

El proyecto para revisar a la baja la rentabilidad de las empresas distribuidoras de manera de asimilarlas a otros sectores regulados, fue valorado transversalmente en el Congreso.

Fin de las “aspirinas”

Hay proyectos en el Senado y en la Cámara en esa línea, por la que el diputado de Revolución Democrática, Pablo Vidal, pidió que haya suma urgencia a una iniciativa ya presentada.

“Lo que habíamos escuchado las semanas anteriores respecto a la compensación por cambio de medidores, no eran más que aspirinas. Ahora estamos frente a una solución real del efecto que generó el cambio, por lo tanto esperamos el apoyo del Gobierno a la iniciativa que presentamos anteriormente”, remarcó.

“Obliga a la empresa a explicarle al consumidor las bondades del nuevo medidor”
- Stefan Larenas, presidente Odecu.

En la misma línea, el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu), Stefan Larenas, señaló que esta modificación va en la línea correcta. “Obliga a la empresa a explicarle al consumidor las bondades del nuevo medidor y el consumidor pensará, elegirá en forma informada acaso quiere cambiar su medidor”, señaló.

Desde las empresas eléctricas señalaron que por ahora no iban a reaccionar ante este anuncio. Aunque en el marco de la junta de accionistas, el presidente de CGE, Antonio Gallart, señaló que no han sido capaces de explicar el beneficio de los medidores.

¿Qué pasa con las personas a las que ya les cambiaron el medidor? El Gobierno afirmó que aquellos usuarios tendrán derecho a compensación, como los 10.000 pesos que comprometieron tres compañías, así como otros incentivos en los que aún está trabajando la mesa técnica.