El ministro de Justicia, Hernán Larraín, reiteró la posición del Gobierno en torno a rechazar la posibilidad de encarcelar a quienes nieguen las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante dictadura.
Lo anterior, tal como lo considera el proyecto que tipifica la incitación al odio y la violencia, despachado en general y en particular por la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
El Gobierno insistirá en no establecer penas de cárcel para quienes nieguen los crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura, porque a juicio del ministro de Justicia Hernán Larraín, establecer una condena corporal a quienes cometan este ilícito afectaría el derecho a la libertad de expresión.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos aseguró que tanto la incitación al odio como el negacionismo son conductas reprochables y susceptibles de ser sancionadas, pero subrayó que establecer privación de libertad a quienes emitan estas opiniones afecta la libertad de expresión.
Esta afirmación fue respondida por la diputada comunista y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Carmen Hertz.
La diputada acusó al Gobierno de haber generado un debate falaz para justificar su negativa a sancionar con cárcel el nagacionismo y recordó que el derecho internacional considera límites a la libertad de expresión. Entre ellos, la honra y dignidad de las personas.
