Pese al sentido de urgencia que le ha querido dar el Gobierno al proyecto de ley que busca expulsar de forma inmediata a estudiantes que comentan graves hechos de violencia, la iniciativa sufrió un retraso.

La sala del Senado decidió acoger la solicitud hecha por los parlamentarios de oposición que integran la comisión de Educación y derivó la iniciativa a la Comisión de Constitución para que la revise.

En concreto, el envío del proyecto a revisión se solicitó para que la Comisión se pronuncie respecto a lo relativo al debido proceso, para lo cual consta de un plazo de dos semanas.

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, expresó su preocupación por este retraso en la tramitación y reconoció que la iniciativa no aborda los diferentes tipos de violencia que se presentan en los colegios.

“Lamentamos que no se inicie la tramitación, esperemos que sea sólo una postergación corta y que podamos tener en el corto plazo una ley. El proyecto no aborda problemas generales de convivencias escolares, de falta de respeto a profesores o entre estudiantes. Lo que nosotros hemos hecho es una medida extrema”, sostuvo la ministra.

En tanto la presidenta de la Comisión de Educación del Senado, la militante de la Democracia Cristiana (DC) Yasna Provoste, justificó la revisión previa por parte de la comisión de Constitución, ya que el proyecto se refiere al debido proceso y la facultad que se le da otorga al director de un colegio para expulsar a alguien y, posteriormente, iniciar la investigación.

La exministra de Educación señaló que “se generará un primer pronunciamiento de la Comisión de Constitución con el propósito de verificar si efectivamente, todo lo que se refiere al derecho constitucional está garantizado en este proyecto de ley”.

Por su parte el senador del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, ironizó con las propuestas que ha levantado el Gobierno en materia de educación y agregó que se corre el peligro de hacer aún más segregado el sistema escolar. “Hace menos de dos meses nos decían en otro proyecto ‘todos al aula’ y resulta que ahora con este tema del aula segura, uno podría concluir que son algunos al aula”.

Quintana agregó que “lo que busca este proyecto es eliminar algunos, excluir algunos y yo creo que aquí vamos a tener un problema de hipersegregación“.

Finalmente desde la oposición insistieron que el proyecto del Gobierno sólo busca dar una señal comunicacional, no solucionando el problema de fondo; ya que la legislación actual contempla una serie de normas para enfrentar la violencia escolar y donde el director ya tiene las facultades para expulsar a un estudiante.