Tras los escándalos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes, algunos conocidos en las últimas dos semanas, la Democracia Cristiana ingresó un proyecto de ley de artículo único, para que las autoridades eclesiásticas estén obligadas a denunciar ilícitos de los que tengan conocimiento.
La moción busca incorporar el literal F al artículo 175 del Código Procesal Penal, el que establecería que obispos, pastores, ministros de culto, diáconos, sacerdotes o religiosas estén obligados a denunciar ante la justicia los delitos cometidos en contra de niños, niñas o adolescentes.
Esta iniciativa fue presentada por el diputado Raúl Soto, que representa a la región de O’Higgins, donde en las últimas semanas se han conocido nuevos casos de abuso por los que la propia Fiscalía Regional inició una investigación de oficio.
“Hemos dejado en la ciudadanía una sensación de impunidad y encubrimiento, que no puede seguir el mismo rumbo”, argumentó el legislador.
La agrupación Laicos de Osorno constantemente ha denunciado encubrimiento, en particular por el obispo Juan Barros con respecto a los abusos cometidos por el expárroco de El Bosque, Fernando Karadima.
Uno de los voceros, Juan Carlos Clarett, valoró la iniciativa parlamentaria, sin embargo, lamentó que se haga sobre la leche derramada y pidió que los futuros proyectos vayan en la dirección de prevenir los delitos.
“El conocimiento estaba, las denuncias estaban. Recién ahora que hay víctimas reaccionan”, lamentó.
En tanto, este martes se divulgó un nuevo caso de abuso. Se trata de Consuelo Gómez que era una de las Hermanas del Buen Samaritano de Molina, en la región del Maule, quien el 2000 fue enviada a España, donde, acusa, fue abusada sexualmente por una monja.
La víctima aseguró que contó los hechos al nuncio Ivo Scapolo quien, según Gómez, “no ha hecho nada”.
