Pese a la expectación que ha generado un eventual rechazo del artículo 63 en la Ley de Educación Superior, con lo cual se permitiría que controladores con fines de lucro puedan administrar universidades; el Tribunal Constitucional no terminó de revisar la legalidad de la iniciativa, por lo que la incertidumbre se mantendrá, al menos, hasta la próxima semana.

Sin embargo, la sola posibilidad de que esta norma sea rechazada por una cuestión de forma levantó una serie de críticas a la labor del Tribunal Constitucional desde el Congreso.

El senador del PPD Jaime Quintana, sostuvo que el organismo está pasando por alto un acuerdo político transversal, agregando que se estaría fallando a la medida de lobbistas del grupo Laureate.

“Si aquí se confirma este fallo adverso, lo que vamos a tener es una fuerte mutilación jurídica a la Ley de Educación Superior”, opinó.

Cuestionamientos que también encontraron eco en el oficialismo, donde el senador de Renovación Nacional Manuel José Ossandón, criticó que se pretenda permitir el lucro, asegurando que han sido las propias instituciones las que se han aprovechado del sistema.

Expresó que “a mi no me gusta el lucro en la educación. Yo conocí la realidad de los colegios particulares subvencionados, como también conocí la realidad de algunas universidades”.

“Ellos mataron la gallina de los huevos de oro. Se automataron solos con abusos indiscriminados al sistema”.

Pero la preocupación de los parlamentarios no sólo se focaliza en el artículo 63.

El presidente del Senado, el socialista Carlos Montes, sostuvo que de ser rechazado por el Tribunal Constitucional, también se podrían ver afectadas otras normas como la gratuidad.

“Para acceder a la gratuidad había que cumplir ciertos requisitos. Requisitos de acreditación, pero también de las características de las instituciones. Y una de las restricciones que había era tener empresas con lucro aguas arriba”, señaló el senador.

“No sabemos qué va a legislar el tribunal respecto a esto, porque esto va a intervenir otro artículo”.

Desde el Consejo de Rectores, el vicepresidente Ejecutivo Aldo Valle lamentó que se pretenda retroceder en una demanda social que se creía ganada, pasando por alto el consenso y las mayorías que se dieron en el Congreso para terminar con el lucro en las universidades.

Indicó que “si hay un fallo en el sentido que se anuncia, nosotros creemos que va a ser un retroceso porque hemos logrado en esto un clima más bien de armonía, un clima pacífico. Nosotros creemos que este conflicto se estaba cerrando con la reforma. Esperamos que continúe cerrado”.

Además, los senadores refutaron el argumento de forma que han esgrimido en el Tribunal Constitucional para revisar el artículo 63, indicando que la norma se votó con quorum simple, al menos, en seis ocasiones en el Congreso y nunca hubo alguna objeción de los parlamentarios.