Tras casi dos años de discusión legislativa, este lunes la presidenta Michelle Bachelet promulgó la reforma laboral. La jefa de Estado aseguró que “no es todo lo que el Ejecutivo impulsó”, luego de que el Tribunal Constitucional impugnara la titularidad sindical y la extensión de beneficios por afiliación.

609 días han pasado desde que el Gobierno presentó al Congreso la reforma laboral, hasta el día de hoy, en que la presidenta, en compañía de los ministros de Hacienda y Trabajo, Rodrigo Valdés y Ximena Rincón, promulgó la polémica iniciativa.

Texto que, una vez terminada su discusión legislativa, volvió en dos ocasiones al Tribunal Constitucional y en una de ellas, el organismo impugnó el llamado “corazón” de la reforma, es decir, la titularidad sindical y la extensión de beneficios por afiliación. Es por esta razón que la jefa de Estado aseguró que la futura ley “no es todo lo que el Ejecutivo impulsó”.

Y ante la sorpresa de los presentes en el Patio de Las Camelias en La Moneda, lugar en que se realizó la ceremonia de promulgación ante un centenar de invitados, la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, se retiró rauda de Palacio emitiendo escuetas declaraciones y se desmarcó de quienes aseguraron que “es su proyecto”.

Tras la impugnación de aspectos clave por parte del Tribunal Constitucional, la presidenta -en uso exclusivo de esta facultad- vetó tres de los cinco pactos de adaptabilidad y los quórums para la negociación colectiva. Es en vista de ello, que el presidente de la comisión de Trabajo, el diputado DC, Patricio Vallespín apuntó que nuevas modificaciones serán necesarias.

Ante los vacíos con que quedó la normativa, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, instó a que los mecanismos establecidos en la normativa reduzcan la eventual judicialización de los procesos laborales.

Por su parte, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Alberto Salas, a pesar de las expresas diferencias entre el empresario y el Gobierno, se refirió a la promulgación.

En vista de que la reforma laboral tiene un periodo de vacancia de seis meses, a partir del próximo año entrará en vigencia la normativa y podría ser la Dirección del Trabajo y -hasta- la justicia la encargada de sentar jurisprudencia en la materia.