Este jueves, la Justicia de Malasia condenó a 2 años de cárcel a los chilenos Felipe Osiadacz y Fernando Candia por la muerte de un travesti en Kuala Lumpur.

Lo anterior, luego que los imputados aceptaran la oferta de la fiscalía donde se rebajaba el cargo de homicidio a homicidio culposo.

Así todo, sumando los meses que ya han pasado privados de libertad, que son 15, los chilenos tendrán que cumplir recluidos desde ahora otros 9 meses más para volver al país, consigna La Tercera.

Pero, de hecho, hay un caso incluso mejor: de obtener los chilenos una rebaja de la condena por buena conducta, podrían salir en un mes.

En tanto, según indica el acuerdo, las instancias de apelaciones están descartadas, por lo que esto último es la única opción que le queda a los ahora condenados.

La abogada defensora, Venkateswari Alagendra, en los argumentos posteriores a la sentencia entregada por el juez, reiteró que la muerte de la víctima se dio sólo luego que esta atacara a los chilenos y que la agresión de vuelta fue en defensa.

Por su parte, y por primera vez, Felipe Osiadacz y Fernando Candia subieron al estrado para entregar declaraciones tras el fin del juicio.

Frente a los presentes, los chilenos reiteraron su inocencia pero pidieron perdón a la familia de la víctima.

“No somos criminales, somos buenas personas, nunca hemos atacado a nadie, fue un accidente”, concluyeron.

Al menos 10 testigos de la fiscalía declararon en el juicio, incluido un toxicólogo, que encontró rastros de drogas en la orina y en la sangre del muerto.

El caso se sigue con gran atención en Chile, donde la Cancillería ha manifestado su apoyo a los acusados, pero ha mostrado prudencia al manifestar su respeto por la justicia de Malasia.

Esto último, debido a que si los chilenos eran declarados culpables de asesinato, podrían haber enfrentado la pena de muerte, que en ese país se lleva a cabo por ahorcamiento.

El gobierno de Malasia prometió recientemente abolir la pena capital, pero el Parlamento aún no ha votado para aprobar el cambio.

La pena de muerte, por ahorcamiento, está vigente para una serie de crímenes que van desde el asesinato hasta el secuestro, pasando por la posesión de armas de fuego y el tráfico de drogas.

En abril de 2017, la organización Amnistía Internacional clasificó a Malasia como décimo entre los países que ejecutó a más condenados a muerte el año anterior.

Entre 2007 y 2017, 35 personas fueron ejecutadas en la horca en Malasia, según el diario New Straits Times.