Conmoción ha generado el atentado registrado en Colombia en contra del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, poniendo en la palestra la grave crisis de seguridad que vive el país sudamericano en los últimos meses.
Recordemos que el político colombiano, del partido uribista Centro Democrático, sufrió un ataque armado el 7 de junio mientras estaba en un mitin en Bogotá, siendo herido en su cabeza y una pierna. Esto lo mantiene internado en estado de máxima gravedad, a más de 10 días de ocurrido el crimen, según un nuevo parte médico publicado este martes.
A raíz del atentado se encuentra detenido un adolescente de 15 años, arrestado cerca del sitio del suceso con el arma.
La Fiscalía le incautó la pistola que estaría vinculada al ataque: una Glock de 9mm. Según el director de la Policía de Colombia, Carlos Triana, esta fue comprada el 6 de agosto de 2020 en Arizona, EEUU.
Al respecto, el presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo a CNN la semana pasada: “Sabemos (que el arma) pasó por la Florida” y apuntó a posibles mafias o bandas criminales internacionales.
“Sabemos que el niño dijo en su momento de aprehensión que lo querían matar”, y que el dueño de una ‘olla’ -lugar donde se venden drogas ilícitas- “fue el que le ordenó eso”.
Colombia y una imagen de “fragilidad democrática”
Para el profesor Eduardo Hodge Dupré, doctor en Relaciones Internacionales y estudios posdoctorales en Seguridad de la Universidad Gabriela Mistral, “con estos hechos, Colombia proyecta ante la comunidad internacional una imagen de fragilidad democrática“.
“El reciente atentado contra una figura política de alto perfil evidencia la persistencia de amenazas graves a la libertad política y a la estabilidad institucional, lo que repercute negativamente en la confianza global en sus procesos democráticos”, menciona a BioBioChile.
“Sin embargo, para comprender bien la situación actual del país, es indispensable mirar hacia el pasado: la historia republicana de Colombia ha estado profundamente atravesada por la violencia política”, reconoce.
“Desde las disputas regionales del siglo XIX, pasando por el prolongado enfrentamiento entre liberales y conservadores, hasta la confrontación contemporánea entre el Estado y el narcotráfico, el conflicto ha sido un elemento constante que ha marcado con sangre su devenir histórico”, detalla.
En Colombia “ni las autoridades judiciales ni líderes políticos están a salvo”
El 10 de junio se registró el asesinato de un fiscal coordinador seccional de la Fiscalía en Fusagasugá, que si bien las autoridades informaron que ocurrió en un intento de robo, generó ruido respecto a lo sucedido con Miguel Uribe.
“Si bien esta realidad no es nueva -basta recordar el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla en 1984 y la seguidilla de homicidios de autoridades políticas, judiciales y sociales en décadas recientes-, la recurrencia y cercanía temporal de estos hechos violentos revela una crisis de seguridad más profunda, aparentemente contenida durante el gobierno de Petro“, afirma el director de la Escuela de Humanidades de la Universidad Gabriela Mistral.
“Con estos hechos, es posible sostener que, ni las autoridades judiciales ni los líderes políticos están a salvo“, advierte.
“Esta situación pone en evidencia la presencia de redes criminales que operan con altos niveles de impunidad (y el empleo de niños en todo esto así lo demuestra), así como una respuesta estatal aún insuficiente, pese a los enormes esfuerzos que Colombia ha desplegado en las últimas dos décadas para restablecer el orden institucional y garantizar el ejercicio democrático”, agrega.
Así las cosas, “lo ocurrido en Colombia es un reflejo fiel pero inquietante para la región (de Latinoamérica). Revela cómo la inseguridad y la violencia política pueden erosionar las bases democráticas cuando no se fortalecen adecuadamente las instituciones, el Estado de derecho y los mecanismos de protección a quienes ejercen funciones públicas”.
Experto llama a “no minimizar señales en Chile”
“En el caso de Chile, los acontecimientos del último quinquenio dentro de nuestras propias fronteras muestran señales de alerta que no deben ser minimizadas. Si bien Colombia y Chile poseen trayectorias históricas y contextos distintos, la experiencia reciente demuestra que, de no contenerse a tiempo las dinámicas de violencia e inseguridad, escenarios similares a los vividos por Colombia en las últimas décadas podrían llegar a replicarse en nuestro país”, asegura Eduardo Hodge.
“La historia enseña que la fragilidad democrática no es un fenómeno ajeno ni lejano; es más bien una amenaza latente cuando el deterioro institucional y la falta de respuesta oportuna se combinan”, concluye.
Sobre el caso del atentado contra Miguel Uribe, cabe señalar que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó el pasado jueves que solicitará ayuda de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de EEUU) y el FBI (Buró Federal de Investigaciones de EEUU) para dar con el autor intelectual del crimen.
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