La Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi ingresó un Recurso de Aclaración ante el Segundo Tribunal Ambiental, el mismo que anuló la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la millonaria iniciativa que busca ampliar la vida útil del yacimiento minero.
Según explicaron en un comunicado, la acción judicial busca que el Tribunal se pronuncie sobre los alcances de la sentencia dictada el 14 de mayo, especialmente sobre la continuidad de ejecución de aquellos aspectos de la RCA que el fallo mantuvo vigentes y no fueron objetados.
Collahuasi pide aclarar polémico fallo ambiental
Fue durante la semana pasada que se conoció la decisión de la justicia ambiental, que acogió parcialmente reclamaciones sobre el proyecto de expansión minera, afirmando que hubo deficiencias en la evaluación del componente humano y en el tratamiento de comunidades indígenas, dejando fuera el SEA la evaluación de una familia.
Con ello, se ordenó retrotraer el proceso de evaluación de la iniciativa de más de US$3 mil millones.
Ahora bien, desde la minera operada por Anglo America y Glencore, afirmaron que la sentencia acogió parcialmente una de las reclamaciones presentadas, por lo que el fallo circunscribió sus observaciones en relación al sector Puerto Collahuasi y otros componentes de medio humano y marino por la planta desaladora.
Por ello, “la resolución determinó que los demás aspectos evaluados se mantienen vigentes”.
“Collahuasi dio cumplimiento a la sentencia determinando la detención inmediata de la construcción y operación de la planta desaladora, que se encontraba en etapa de pruebas de sistemas y equipos, antes de su puesta en marcha, sólo manteniéndose las acciones mínimas de mantención y seguridad”, dijo la firma.
Junto con reiterar que la tramitación se desarolló “en todo momento” bajo la normativa e institucionalidad correspondiente -lo que se ratificó, según la empresa, en agosto del 2023 por el rechazo del Comité de Ministros a las reclamaciones de las mismas comunidades y representantes legales-, añadieron que la paralización de los aspectos vigentes del RCA “tendría efectos ambientales, regulatorios, laborales y económicos significativos”.
Esto por “comprometer la continuidad de medidas de mitigación, compensación y monitoreo ambiental actualmente en ejecución, además de compromisos con diversas comunidades y organizaciones regionales”, sostuvo el comunicado.
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