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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El Gobierno italiano está trabajando en un nuevo decreto que ajustará las condiciones para la adquisición de BPM por parte de Unicredit, tras controversia judicial. El fallo del Tribunal Administrativo Regional del Lazio suavizó algunas exigencias del Ejecutivo, liderado por la primera ministra Meloni. El decreto revisado mantendrá gran parte de las condiciones, pero su redacción está en etapas iniciales. Por otro lado, el regulador financiero italiano suspendió la oferta de Andrea Orcel por 30 días para permitir a los accionistas tomar decisiones informadas.

El Gobierno italiano está trabajando en un nuevo decreto que recuperará la mayor parte de las condiciones que impuso al banco Unicredit para autorizar la adquisición de su rival BPM después de que el texto inicial fuera parcialmente impugnado por la Justicia.

De esta forma, Roma tomará en consideración el fallo emitido por el Tribunal Administrativo Regional del Lazio que aliviaba algunas de las condiciones establecidas por el Ejecutivo encabezado por la primera ministra Georgia Meloni, renuente a la transacción.

Acorde a fuentes conocedoras del asunto consultadas por ‘Bloomberg’, el decreto revisado conservará el grueso de las exigencias ya delineadas, aunque su redacción aún está en fases tempranas y el contenido final podría cambiar.

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Por otra parte, el regulador italiano de los mercados financieros ha suspendido hoy mismo por 30 días la oferta lanzada por el banco de Andrea Orcel hasta que se despejen todas las incógnitas con la vista puesta en que los accionistas de BPM puedan tomar una decisión informada sobre si unirse o no la OPA.

El dictamen del TAR Lazio, según UniCredit, demuestra la “ilegitimidad” del ‘poder de oro’ empleado por el Gobierno dado que, de las cuatro prescripciones, dos fueron anuladas.

De su lado, la entidad considera que la condición relativa a la inversión de BPM en la gestora de activos Anima “fue aclarada y modificada implícitamente”, aunque el tribunal sí consideró legítima la relacionada con el cese de actividades en Rusia.