A raíz de un edificio habitacional y comercial que ya está operativo en el Barrio Bellavista, en Providencia, la inmobiliaria de los Yarur denunció la estafa de un socio por más de 480 millones de pesos.
La Inmobiliaria Antonio Bellet, Inversiones SB Dos e Inversiones y Rentas Recoleta presentaron una querella por administración desleal, negociación incompatible, estafa y un perjuicio de 489 millones de pesos contra el empresario inmobiliario y socio Alfonso Fuenzalida Calvo y su esposa, Carolina Court, según consignó La Segunda.
Cabe mencionar que la Inmobiliaria Antonio Bellet corresponde a un proyecto ideado por Fuenzalida, quien invitó a inversionistas para adquirir cuatro propiedades en el Barrio Bellavista de Providencia, para llevar a cabo un edificio habitacional y comercial que ya se encuentra operativo.
Actualmente, la firma pertenece en un 50% a Inmobiliaria JY (relacionada con Empresas JY, matriz no financiera de Luis Enrique Yarur, controlador de BCI y Salcobrand, entre otras empresas), otro 30% lo tiene Inversiones y Rentas Recoleta (de la familia Buneder).
Por otro lado, Fuenzalida y su señora mantienen un 10%, y ese saldo (10%) quedó en poder de Inversiones Petrohué, ligada al propio Fuenzalida y su hermano Rodrigo, dice la querella.
Fuenzalida fue removido de la gerencia general
En esta línea, el acusado asumió la administración (era director, gerente general y apoderado) “quien la ejercía con amplísimas atribuciones, sin contar con una micro-fiscalización constante, dada la confianza que había en el querellado y su reputación en el rubro inmobiliario”, añade el documento.
No obstante, tras las suspicacias respecto a su gestión, el 27 de abril pasado Fuenzalida fue removido de la gerencia general y se inició un proceso de revisión donde se descubrieron “distintas operaciones que son constitutivas de delitos”.
Estas irregularidades fueron divididas en tres: Cobros en exceso o que no corresponden por $386 millones; un perjuicio de $4,9 millones por préstamos gratuitos a sociedades no relacionadas a la inmobiliaria; y daño a los inversionistas por comisiones de $98,4 millones.
