El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial rechazó la demanda por US$354millones interpuesta en contra del Estado de Chile por los hermanos colombianos Carlos y Francisco Ríos, controladores de las operadoras Alsacia y Express, del extinto Transantiago.
Finalmente, el tribunal arbitral – estipulado en el Tratado de Libre Comercio entre ambos países – notificó a las partes su “laudo definitivo” concluyendo que la conducta de Chile no violó sus obligaciones bajo el TLC ni el derecho internacional.
La disputa surgió tras la renegociación y suscripción de nuevos contratos de concesión de uso de vías para la prestación de servicios de transporte público urbano de pasajeros, los que fueron firmados por el Estado con las demandantes en 2011, tras una reforma al hoy ex Transantiago.
Así, los demandantes solicitaron al órgano internacional la millonaria compensación alegando que ciertas acciones y omisiones del Estado llevaron a Alsacia y Express a una situación financiera crítica, causando una pérdida del valor económico de su inversión.
Bajo ese supuesto, quisieron convertir las acciones del Estado en una violación de las obligaciones impuestas por el TLC referentes a expropiación, nivel mínimo de trato justo y equitativo, protección y seguridad plenas y trato no menos favorable.
Pese a las acusaciones, el Ciadi estableció por mayoría que los hermanos Ríos Velilla presentaron parte de sus reclamaciones fuera del plazo de prescripción establecido en el tratado, determinando en consecuencia que no tenía jurisdicción para analizar el fondo.
“Respecto de las reclamaciones sobre las que se declaró competente, el tribunal también las desestimó en su totalidad por unanimidad”, festejó el Gobierno a través de un comunicado.
Adicionalmente, el tribunal condenó a los demandantes a asumir el 100% de las costas procesales, obligándoles a reembolsar a Chile el 40% de los costos legales de su defensa y otros gastos, los que en conjunto ascienden a más de US$2,6 millones.
El subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Rodrigo Yáñez, afirmó que el resultado es “una muestra de que los Tratados de Libre Comercio dan certeza al marco jurídico de la inversión extranjera, pero también salvaguardan la autonomía regulatoria del Estado”.
Por su parte, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia, indicó que como administración están “muy satisfechos”.
“Este laudo reafirma que Chile es un país con un innegable compromiso con el Estado de Derecho. Como lo constata el tribunal, Chile actuó conforme a su tradición de pleno respeto de sus obligaciones internacionales”, cerró.
