Un total de cuatro organizaciones enviaron un requerimiento formal a la empresa francesa Suez, controladora de Essal en Chile, para que detalle y modifique su plan de vigilancia en el país, esto tras la emergencia sanitaria que mantuvo por más de una semana sin suministro de agua a los habitantes de Osorno en julio de 2019.
En específico, la petición dirigida al director general de la firma, Bertrand Camus, fue efectuada por la Red Ambiental Ciudadana de Osorno, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), el Observatorio Ciudadano y la Liga Francesa de Derechos Humanos (LDH).
A su vez, por medio de un comunicado, las organizaciones en cuestión apuntaron que si la firma no entrega una respuesta o no toma las medidas requeridas en el documento, interpondrían “una acción ante la justicia francesa”.
Plazo de 3 meses
“Si en un plazo de tres meses Suez no presenta medidas adecuadas, nuestras organizaciones podrán llevar a la multinacional francesa ante los tribunales”, detalla la misiva.
Esto último, con el objetivo que se le imponga a la firma “si es necesario bajo sanción, que adopte las medidas necesarias para evitar que se produzcan nuevas crisis sanitarias debido a la actuación negligente de las sociedades que controla en Chile”.
Al respecto, Jose Aylwin de Observatorio Ciudadano, manifestó que Suez debe asegurar a las comunidades que sus filiales, como Essal, operan con “un acceso adecuado y seguro al agua potable y de saneamiento, el que constituye un derecho humano reconocido a nivel internacional”.
“Los ciudadanos y ciudadanas de Osorno tienen derecho a un servicio regular de agua potable de calidad, como todo ser humano. Es su derecho, así como el de ser resarcidos por los daños ocasionados a su salud y al ecosistema”, explicó por su parte Ricardo Becerra, integrante de la Red Ambiental Ciudadana de Osorno.
En esa línea, Clémence Bectarte, coordinadora del grupo de acción judicial de la FIDH, manifestó que con el requerimiento formal enviado, le están pidiendo al grupo francés que publique un nuevo plan de vigilancia, donde “figuren medidas detalladas adecuadas para mitigar y prevenir los riesgos de que se produzcan violaciones de los derechos humanos, en especial, el derecho a la salud, al agua y a un medio ambiente sano, así como un dispositivo de vigilancia y una aplicación efectiva de dichas medidas”.
Respecto a las razones que los podría llevar a iniciar una acción legal en Francia y no en Chile, explicaron que tanto autoridades judiciales y de salud chilenas han sancionado en varias oportunidades a Essal, sin concretarse -desde su punto de vista- mayores mejoras en la calidad del servicio, por lo que ven la normativa de la nación europea como una oportunidad para exigir a Suez que tome las “medidas necesarias para resolver estas deficiencias e ilegalidades reiteradas en su prestación del servicio de suministro de agua a Osorno”.
Hace un par de semanas, Suez solicitó a la Superintendencia de Servicios Sanitarios anular el proceso de caducidad contra Essal, acusando reiteradas violaciones del debido proceso desde el inicio de la investigación.
El 10 de julio de 2019 se produjo un vertimiento de más de 1.000 litros de petróleo en la planta potabilizadora de Caipulli operada por Essal, provocando una emergencia sanitaria que afectó por más de una semana a los habitantes de Osorno.
