Hay algunos temas, como los relativos a la seguridad ciudadana, en que no hemos actuado cohesionados y hemos encontrado resistencia en algunas fuerzas políticas de nuestro propio conglomerado para aprobar las iniciativas propuestas por el gobierno.
El cobarde asesinato de los tres carabineros en la comuna de Cañete, ocurrido la madrugada del sábado último, debe llamarnos a una profunda reflexión. Es un acto con caracteres terroristas de suma gravedad, que deja en evidencia que en Chile se están traspasando todos los límites, pues se comete incluso existiendo estado de excepción constitucional.
Unidad frente al terror
No podemos tener un doble discurso en estas horas y debemos situarnos ante una dura realidad: hay actos terroristas en la macrozona sur. Y ya basta de intentar ponerle otro nombre.
Las muertes del sargento 1º Carlos Cisterna Navarro, del cabo 1º Sergio Arévalo Lobos y el cabo 1º Misael Vidal Cid, debe plantear un antes y un después. Es imprescindible que trabajemos con unidad, todos los sectores políticos y sociales, para enfrentar este tipo de acciones.
Hoy más que nunca es necesario que todos los elementos investigativos con que cuenta el Ministerio Público, Carabineros y la PDI se activen en la provincia de Arauco. Es urgente llegar a los autores materiales e intelectuales, con prontitud. Debemos decir basta a la violencia y aplicar las máximas penas a estos grupos, cuyos alevosos actos no pueden quedar en la impunidad.
“Resistencia en nuestro propio conglomerado”
Hay algunos temas, como los relativos a la seguridad ciudadana, en que no hemos actuado cohesionados. Hemos encontrado resistencia en algunas fuerzas políticas de nuestro propio conglomerado para aprobar las iniciativas propuestas por el gobierno.
En el caso del terrorismo, no puede ser así pues constituye una amenaza al Estado de Derecho. Debemos adelantarnos a las acciones.
Por eso en el proyecto de Ley Antiterrorista aprobado en la Comisión de Seguridad Pública, que es de mi autoría junto a otros senadores y que se fusionó con el Mensaje presidencial, incluimos medidas de investigación de última tecnología a nivel mundial. Todo ello para permitir la persecución eficaz de estos delitos.
Junto con ello, la propuesta contiene penas severas especialmente para las asociaciones terroristas, estableciendo condenas por su sola formación.
Y le entregamos a los jueces un ámbito más acotado que los delitos comunes a la hora de determinar las sanciones, pues hay un marco rígido de penas similar a la llamada Ley Emilia. En este punto hay que recalcar que el Poder Judicial tiene una gran responsabilidad en la aplicación de las leyes y en la ejecución de castigos que permitan inhibir posibles acciones similares futuras.
Este caso de Cañete deja en evidencia que es imprescindible contar con una legislación moderna en materia de seguridad. Una que se haga cargo de las actuales amenazas y supere las dificultades de aplicación que tiene la normativa antiterrorista vigente.
La norma actual se ha derogado, en los hechos, pues no contiene medidas efectivas para la investigación que sí contemplan otras normas a las que hubo de recurrir el gobierno en su querella.
Por eso que sostengo con firmeza que no podemos actuar divididos. Debemos defender nuestro país de ésta, que es la peor amenaza; solo siendo uno podremos enfrentar el flagelo del terrorismo.
Lo que ocurre actualmente en la macrozona sur son hechos gravísimos. Allí existen delitos como la usurpación, el robo de madera y otros de los cuales nos hemos hecho cargo legislativamente. Existe violencia que había disminuido de manera considerable hasta este alevoso crimen.
“Se lo debemos a Chile”
Basta conversar con las comunidades que habitan en la Región de La Araucanía y en la provincia de Arauco para conocer las amenazas y acciones amedrentadoras que practican estos grupos para evitar ser denunciados, y darse cuenta que son una minoría pues quienes allí habitan desean hacerlo en paz.
Hay personas y organizaciones que asumieron una conducta contra el Estado y la institucionalidad; contra ellos debe caer el peso de la ley y del Estado.
Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, estamos llamados a trabajar coordinados y unidos para avanzar en normas y acciones que pongan freno a estos delincuentes y entreguen tranquilidad al país y sus ciudadanos. Aislar y castigar a los grupos violentos, esa minoría que pretende imponer su fuerza. Darle paz a todos quienes viven en la llamada macro zona sur, que solo aspiran a vivir tranquilos y avanzar en progreso e integración. Se lo debemos a Chile.
