Rubén Hernán Donoso Paredes es juez y demandante: administra justicia en el Juzgado de Garantía de Colina y —al mismo tiempo— mantiene un litigio abierto con el Estado de Chile.
En concreto, el magistrado —a través de una demanda— acusó desprotección de parte del Poder Judicial frente a lo que califica como varios episodios de amenazas. Primero, de parte del Tren de Aragua, según cuenta. Y luego, por un reo en la cárcel de Til Til, donde —dice— sufrió un intento de agresión con arma blanca.
Su caso se tramita actualmente en la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de que el Segundo Juzgado de Letras de la capital rechazara —en primera instancia— la última de sus demandas contra el fisco. Pidió una indemnización por $1.500 millones.
TREN DE ARAGUA EN SU CAMINO
Desde 2009, Rubén Donoso se desempeña como juez de la República. Según su acción judicial, en la actualidad actúa como titular en el Juzgado de Garantía de Colina y, entre junio y diciembre de 2023, ejerció funciones en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
Fue precisamente en ese puesto que —asegura— formó parte del grupo de magistrados que fue amenazado por el Tren de Aragua. Tal como reveló esta Unidad de Investigación en septiembre de 2023, el Ministerio Público abrió entonces una indagatoria en la que buscaba esclarecer la veracidad de un plan de ataque de tres imputados para atentar contra jueces y fiscales.
Donoso afirma que se sintió intimidado. Especialmente luego de que recibiera un informe secreto de la PDI, fechado en noviembre de 2023, que lo “posicionó en riesgo crítico” y “con protección insuficiente”. A través del mismo archivo, la policía civil le recomendó mantener en su poder “un chaleco antibalas y un casco balístico”.
Sin embargo, —acusa Donoso— no recibió ninguna protección de parte del Poder Judicial. Esto, luego de que el Ministerio Público no lo incluyera dentro de la nómina de quienes debían recibir resguardo. Según un oficio enviado por el fiscal Metropolitano Sur, Héctor Barros, a cargo de la causa, el magistrado no había tenido participación alguna en la causa que se sustanciaba contra el Tren de Aragua en su tribunal y tampoco registraba denuncias por las supuestas amenazas.
Todo ello “hace improcedente (…) disponer medidas de protección en su favor”, reza el documento.
INTENTO DE ATAQUE EN TIL TIL
Casi un año después, en septiembre de 2024, el juez volvió a denunciar: asegura que en una visita al Centro CRC Metropolitano Norte de Til til, un interno intentó atacarlo con un cuchillo hechizo. “Afortunadamente”, sostiene, el reo “fue interceptado por el único Gendarme” que lo acompañaba ese día, quien “pudo reducirlo y contenerlo”.
Una vez más, asevera, no recibió medidas de seguridad: “Con su mérito y por haberse adoptado en su oportunidad las medidas atingentes al caso, se dispone el archivo de los antecedentes”, concluyó el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago un mes después de lo sucedido.
“Mas allá de los videos institucionales o las declaraciones de intenciones, no existe protección real para los funcionarios judiciales”, reza su demanda. Tampoco hay “interés” —dice— o un “despliegue estándar mínimo de protección objetiva”. En “concreto no existe nada, cero”. “Mucho menos pensar en un departamento especializado, personal preparado, o un ítem de gasto al menos mínimo para enfrentar este tipo de situaciones”, lanzó.
DEMANDA DESESTIMADA
Ambos casos motivaron justamente a Donoso a demandar al Estado para solicitar una indemnización por $1.500 millones. Sin embargo, su libelo fue desestimado.
En un fallo fechado el 4 de diciembre recién pasado, el Segundo Juzgado de Letras de Santiago rechazó el pago de la indemnización. El tribunal resolvió declarar como caducada la acción judicial debido a una razón técnica: fue presentada fuera del plazo legal de 60 días contados desde que se produzca la vulneración de derechos fundamentales alegada. Ante esa decisión, la defensa del magistrado realizó la apelación de manera inmediata. En ella argumentó que la demanda sí fue ingresada dentro del tiempo establecido.
—Si los tribunales nacionales no tienen la firmeza u osadía de resolver asuntos de esta competencia, la única manera que nosotros tenemos de continuar es demandando el Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No hay otra alternativa —enfatiza el abogado de Donoso, Dagoberto Hernández.
El recurso de apelación fue elevado a la corte de apelaciones que deberá decidir si el proceso sigue o se cierra definitivamente. Esta es la segunda derrota en tribunales de Donoso, luego de que su primera denuncia estuviera mal formulada: apuntó a la Corporación Administrativa del Poder Judicial cuando debía estar dirigida contra el fisco. Consultado el Poder Judicial, declinaron referirse al caso.
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