En el Congreso, el Consejo alertó que si no se implementa un proceso de normalización fiscal “se corren serios riesgos de retrocesos adicionales en calificación crediticia, persistencia en la inflación y eventualmente nuevos aumentos en el costo de financiamiento para las familias, empresas y el Estado, con efectos negativos sobre la inversión, la actividad económica y el empleo”.
El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) presentó hoy su informe Nº 6 sobre el Ejercicio de sus Funciones y Atribuciones ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso.
En la instancia, que se realizó en la sede del Congreso en Valparaíso, expuso el vicepresidente del CFA, Jorge Rodríguez, quien fue acompañado por los consejeros Paula Benavides y Hermann González y por el gerente de Estudios, Mario Arend.
El CFA remarca en su presentación las circunstancias excepcionales que ha vivido el país en los últimos tres años -con la crisis social, económica y sanitaria- y que han requerido un rol más activo de la política fiscal, con fuerte expansión del gasto público y otras medidas implementadas.
Esto, dice el Consejo, ha provocado que el déficit estructural haya llegado a 11,4% del PIB en 2021, su nivel más alto desde que existe la regla fiscal y muy por sobre la meta recalibrada para ese año de 4,7% del PIB.
A eso se suma, señala el organismo, la deuda bruta y neta elevándose a sus mayores niveles en tres décadas, una significativa reducción de los activos del Tesoro Público y un mayor gasto en intereses.
Finanzas públicas
En medio de este fuerte deterioro de las finanzas públicas, y luego de la expansión fiscal para enfrentar la pandemia con un esfuerzo significativo en comparación a la experiencia internacional, el CFA plantea en su informe que es fundamental la implementación de un proceso de normalización fiscal realista, pero exigente, para garantizar la sostenibilidad de la deuda.
En ese sentido, el Consejo advierte que “si no se inicia un plan de convergencia adecuado y se continúa verificando un aumento sostenido de la deuda, el país retrocedería en el principal aspecto que actualmente sostiene su bajo costo de financiamiento, que es su fortaleza fiscal”.
Asimismo, indica que “se corren serios riesgos de retrocesos adicionales en calificación crediticia, persistencia en la inflación y eventualmente nuevos aumentos en el costo de financiamiento para las familias, las empresas y el Estado, con los consiguientes efectos negativos sobre la inversión, la actividad económica y el empleo”.
Uno de los puntos que remarca el CFA en su documento es la necesidad de monitorear la reciente desaceleración económica.
Sin embargo, en la presentación se sostiene que, en principio, esta no debiera alterar el inicio de la convergencia fiscal ni el marco presupuestario definido para 2022, considerando que se da en el contexto de una economía aún con signos de sobrecalentamiento, reflejado en una alta inflación (que llegó a 9,4% en marzo de 2022, la cifra más alta desde 2008), una brecha del producto positiva y un elevado déficit de cuenta corriente (que ascendió a 6,6% del PIB en 2021, el más alto desde 1985).
En ese sentido, el Consejo sostiene que “eventuales medidas extraordinarias de apoyo debiesen estar concentradas en las familias y empresas que más lo requieran y darse en el marco presupuestario aprobado para 2022”.
En línea con las recomendaciones de organismos internacionales, la entidad plantea que en un escenario de desaceleración económica y alta inflación se deben priorizar políticas que apunten a mejorar el crecimiento tendencial y “fomentar la oferta agregada a través de inversión pública y promoción de la inversión privada, junto con potenciar la productividad”.
Financiamiento del plan “Chile Apoya”
Considerando esto, el Consejo valora el anuncio del Plan de recuperación inclusiva “Chile Apoya”, realizado por el Ejecutivo el 7 de abril.
Respecto a su financiamiento, el CFA destaca que este, según lo informado por el Ministerio de Hacienda, “no implicaría mayores gastos transitorios, dado que se contemplan reasignaciones de recursos comprometidos”.
Pero advierte “sobre la importancia de monitorear los nuevos pasivos contingentes por el fortalecimiento a los Créditos Intermediarios Financieros No Bancarios y sobre la relevancia que las medidas para estabilizar en el corto plazo de los precios de los combustibles a través del MEPCO (Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles) no termine significando un deterioro persistente de los ingresos estructurales”.
Evitar presiones de demanda ligados a retiros de AFP
El Consejo sostiene, además, que se debe intentar evitar la generación de mayores presiones de demanda, que lleven a acentuar los actuales desequilibrios macroeconómicos y a complejizar el rol estabilizador de la política fiscal. “Un ejemplo de lo anterior son los retiros de fondos de pensiones”, indica el organismo.
Adicionalmente, el CFA advierte que “existe una importante incertidumbre sobre la persistencia de los incrementos del precio del cobre y del petróleo, su potencial impacto en la economía y, por ende, sobre las cuentas fiscales”.
Finalmente, en el ámbito constitucional, el Consejo valora la aprobación realizada por el pleno de la Convención de la propuesta del CFA de incluir los principios de responsabilidad y sostenibilidad fiscal como guía del accionar del Estado en todas sus instituciones y niveles de gobierno. De esta manera, ambos principios pasan a formar parte del documento consolidado de normas para la propuesta de nueva Constitución.
