Hace unos días, Clemente Pérez escribió una columna criticando los altos costos que significa proteger el Patrimonio Arqueológico y calificó, en forma poco sutil, al Consejo de Monumentos Nacionales como una institución fascista, corporativistas. Clemente Pérez sostiene, además que dichas ideas fueron derrotadas en la Segunda Guerra Mundial.
Copiamos parte del texto:
“Los órganos que toman decisiones vinculantes tienen su origen en poderes del estado, democráticamente electos. No es el caso del CMN (Consejo de Monumentos Nacionales), único cuerpo colegiado deliberativo (consultivos hay muchos), cuyo origen está conformado por gremios, que nombran consejeros por derecho propio, tales como el Colegio de Arquitectos o el de Arqueólogos. Distinguidos gremios, por cierto, pero que por definición representan los intereses de sus asociados, no de la nación toda. No representan, hasta ahora al menos, al vecino de Quilicura que hace años espera que el Metro llegue a su comuna o al que compró hace meses un departamento.
El gobierno de los gremios se llama corporativismo. La Iglesia simpatizó con sus ideas en las primeras encíclicas, pero fue hace un siglo, cuando Mussolini tomó al corporativismo como idea central de su movimiento fascista. De esa época proviene el CMN. Derrotadas estas ideas en la Segunda Guerra Mundial, las democracias occidentales han establecido órganos cuya legitimidad de origen es la democracia universal, y no los intereses gremiales, por legítimos que sean.” (Diario Financiero, Martes 25 de Agosto de 2020)
Clemente Pérez, ex-director del Metro en el primer gobierno de Michelle Bachelet, que se hiciera popular por sus comentarios realizados en 24 Horas, de TVN, en vísperas del Estallido Social, critica los costos que significan los hallazgos arqueológicos. Estos hallazgos producidos en excavaciones para obras públicas (casi todos) y privadas (en contadas ocasiones) habrían producido costos por cincuenta millones de dólares. Clemente Pérez no explica cómo llega a esa cifra, a qué corresponde, a qué período, cómo fue calculada. Menos hace mención sobre los beneficios y aportes que podrían significar esas protecciones. Sólo ve costos.
Lo anterior no sorprende, porque hay sectores y no pocos dirigentes que no valoran el Patrimonio Cultural, ni la Cultura en general. Pareciera que Clemente Pérez opta por la rentabilidad.
Pero lo que resulta grave es que un ex-funcionario de los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet trate de fascista una institución centenaria del país. Y resulta grave porque llega a esa ”acusación” por medio de un “razonamiento” que no sólo no es racional. Parece más bien expresión de deseos, de proyecciones o una manera desesperada por denostar al Consejo de Monumentos Nacionales.
Dejemos de lado su afirmación de que las ideas se vencen por las armas (“Derrotadas estas ideas en la Segunda Guerra Mundial”), porque en democracia son otras las formas de hacerlo, incluso aquellas que no son son democráticas. En democracia debiera ser una anomalía la guerra. Pero además, son muchos los casos donde las armas y las guerras no han derrotado ideas. Poco afortunada su frase.
Consejo de Monumentos Nacionales
Pérez afirmar que el Consejo de Monumentos Nacionales es un “cuerpo colegiado deliberativo (consultivos hay muchos), cuyo origen está conformado por gremios”, desconociendo que un porcentaje altísimo de sus consejeros son funcionarios públicos.
Clemente Pérez, además, afirma los representantes de gremios “por definición representan los intereses de sus asociados, no de la nación toda.” Sería bueno que Pérez, por un lado, ponga el pie de cita y, por otro, que se atenga a la realidad, al actuar que han tenido los representantes de “gremios”, en el que se deben incluir un académico de la facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile.
Omite, Clemente Pérez, que las resoluciones del CMN son resultado de una discusión público-colegiada (con participación de diversos representantes de organismos y servicios púbicos y representantes colegiados y ciudadanos), apoyadas por instancias técnicas (del propiuo CMN o invitadas para casos específicos), la que queda respaldada en un acta pública, a la que todos podemos libremente acceder. Tampoco dice que dichas resoluciones pueden ser apeladas por cualquier ciudadano.
Omite, Clemente Pérez, que cualquier persona, agrupación, organización, institución, puede hacer una solicitud al CMN por su sólo interés, pudiendo presentar y ser parte de las deliberaciones. Es una instancia democrática, participativa, ciudadana como pocas o ninguna otra en el Estado.
Cuando Clemente Pérez habla del “vecino de Quilicura”, con esa mañosa costumbre de los políticos de tratar de parecer cercanos “a la gente”, omite que ese como cualquier otro “vecino” pueden ir al Consejo de Monumentos Nacionales, donde muchas veces son escuchados.
Clemente Pérez habla de estos representantes de gremios pequeños que, además, debaten para llegar a acuerdos, pero nada dice de los grandes gremios, como la Cámara Chilena de la Construcción (presente en muchas instancias), de los camioneros, agricultores, etc., por un lado, o de profesores y diversos de la salud. Nada dice, pero se preocupa de estos otros, con poco poder y que resuelven luego de procesos donde intervienen las partes involucradas y especialistas.
Mi experiencia
Durante 16 años participé del Comité de Patrimonio del Colegio de Arquitectos, instancia donde en muchas ocasiones deliberamos sobre distintos casos en los que nuestro representante debía pronunciarse en el Consejo de Monumentos Nacionales. Cometimos varios errores en esos 16 años, pero nunca vi una defensa corporativa (¿de qué?) o de un colega que no fuera fundada. Más bien todo lo contrario. En muchos casos pedimos más rigurosidad a nuestros colegas, que cambiaran o dieran alternativas cuando las ´propuestas nos parecieron inadecuadas o deficientes. El foco siempre estuvo en el Patrimonio Cultural como un Bien Común que fortalece identidades y comunidades.
En ese tiempo, participaron en el Comité de Patrimonio del Colegio de Arquitectos los principales promotores de las Iglesias de Chiloé y Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad, además del gran defensor de Sewell, entre otros. Todos ellos ponían el acento en la importancia central de las comunidades, no en el gremio. Pensaban -y sentían- en gremio al servicio de las comunidades.
Comprendo que, tal vez, Clemente Pérez no entienda de estos conceptos, ni de Patrimonio Cultural ni de cómo funciona -con muchos problemas- el Consejo de Monumentos Nacionales. Tampoco debe saber que, en los últimos 10 o 15 años, los mayores avances en el Patrimonio Cultural de Chile se ha debido a las comunidades y los gremios, no a los gobiernos ni a los empresarios.
Soy crítico de muchas resoluciones y de varios aspectos del CMN, pero eso no significa reconocer sus grandes méritos y avances en los últimos 20 años. Mencionar, por ejemplo, que son los creadores e impulsores del Día del Patrimonio, que se ha transformado en una fiesta ciudadana gigantesca en todo Chile. Y que han sabido acompañar a decenas de comunidades para proteger sus barrios.
Es indudable que la Ley de Patrimonio, la institucionalidad y el mismo CMN deben cambiar, responder a los tiempos actuales. Pero eso va, precisamente, en el sentido contrario de lo que plantean Clemente Pérez como Emilio De la Cerda, Subsecretario de Patrimonio, con “su” Proyecto de Ley de Patrimonio. Se requieren cambios que pongan en el centro a las comunidades que mantienen vivo el patrimonio, las que lo van a defender por lo que significan para ellas, para sus identidades, su espiritualidad, no por el dinero que quieren ganar.
Hoy es importante generar puentes de diálogo, preguntar y escuchar atentamente antes de defender intereses…
