La Corte de Apelaciones de Santiago pone a prueba el acuerdo que dejó sin sanción penal a los responsables de la fallida alerta de Tsunami, que significó la muerte de 104 personas el 27 de febrero del 2010.
En la undécima sala del tribunal de alzada capitalino se discutirá el lunes la apelación al fallo de la jueza Carolina Gajardo, que el 7 de abril recién pasado acogió los argumentos del fiscal José Luís Pérez Calaf y las defensas de los imputados para aplicar la suspensión condicional del procedimiento.
El ex subsecretario del interior, Patricio Rosende, la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, el ex jefe de alerta temprana de este organismo, Joziael Jamett, y los ex miembros del SHOA, los marinos Mariano Rojas, Andrés Enríquez y Mario Andina, quedaron sin sanción penal, evitaron un juicio oral.
Lo anterior a cambio de compromiso de pagar en tres cuotas, de aquí a marzo del próximo año, 235 millones de pesos, que se traducen en 2 millones 250 mil pesos para cada familia de las 104 víctimas acreditadas en la investigación, 10 millones de pesos para realizar un seminario y avisar al tribunal si cambian de domicilio.
La otra condición, que la cumplieron al final de la audiencia del 7 de abril, fue leer un manifiesto, donde la mayoría pidió disculpas e identificó a las deficiencias del Estado como el origen de los errores en esta tragedia.
En la audiencia fueron 35 las familias que prestaron su testimonio en el tribunal, rechazando este acuerdo y muchas de ellas se quejaron del actuar del fiscal.
Uno de los abogados querellantes, Carlos Faerlie, adelantó que impugnará lo bajo de los montos indemnizatorios para los familiares de las víctimas.
Otro de los querellantes, el abogado Raúl Meza, quien intervendrá mañana ante la Corte, anunció que cuestionará la proporcionalidad del acuerdo.
Meza además recurrió contra la decisión de la fiscalía de no perseverar con la querella contra la presidenta Michelle Bachelet, quien será representada por la Defensoría Penal Pública y pidió la inhabilidad de la jueza Gajardo.
