El gobierno argentino desclasificó los archivos completos de la investigación por el atentado a la mutual judeo-argentina AMIA de 1994, según lo publicó este viernes en el Boletín Oficial.
El decreto dispone la desclasificación “de la totalidad de la documentación” relacionada, así como “de toda otra nueva documentación, informe o archivo que no hubieran sido aportados oportunamente a la causa y que pudieran resultar de interés para la investigación”.
El decreto hace lugar a un pedido de la unidad fiscal que se hizo cargo de la investigación luego de la muerte del fiscal Alberto Nisman, que llevaba el caso desde 2004, hallado con un balazo en la cabeza en su departamento el 18 de enero, en circunstancias que se investigan.
“Es un decreto más amplio para que se vea exactamente todos los elementos con los que se contaba”, dijo este viernes en rueda de prensa el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
El funcionario puntualizó sin embargo que “no se clasifica la documentación en este momento” respecto al atentado contra la mutual judía AMIA que dejó 85 muertos y 300 heridos.
“Esa desclasificación se hizo hace muchos años en cabeza de quien tenía que investigar prima facie, que era el fiscal (Alberto) Nisman, para todos aquellos que tenían la oportunidad de acceder a esa documentación”, explicó.
Según Fernández este nuevo decreto es “más amplio”.
El vicepresidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Waldo Wolff, celebró este viernes la decisión, aunque sembró dudas sobre la confiabilidad de los archivos que obran en poder de la central de espías argentina.
“Mas allá de celebrar toda información nueva que pueda venir, lo que está en tela de juicio es la veracidad de la información, entendiendo que quienes hicieron la instrucción hoy están acusados de ser parte de un aparato que no tenía control”, dijo a Radio Mitre.
Tras la muerte de Nisman, el gobierno ordenó la reforma de los servicios de inteligencia argentinos y la puso bajo la órbita de un estrecho colaborador suyo, el secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli.
Nisman murió el 19 de enero cuatro días después de acusar a la presidenta Cristina Kirchner y otros funcionarios de encubrir a exfuncionarios iraníes por el atentado.
Tras la muerte de Nisman, el fiscal Gerardo Pollicita retomó la denuncia y la presentó ante la justicia, pero un juez de primera instancia la desestimó por “inexistencia de delito” y falta de “sustento jurídico”.
Aún resta que una cámara federal se expida sobre la apelación presentada.
Tras la muerte de Nisman, la justicia argentina designó a tres fiscales para continuar la investigación del atentado que lleva 21 años en impunidad.
