El gobierno argentino rechazó la “vil” denuncia de un fiscal que pidió la indagatoria de la presidenta Cristina Fernández y su canciller, Héctor Timerman, al acusarlos de perpetrar un plan para encubrir a Irán en la investigación del atentado contra la mutual judía AMIA en 1994.

“Luego de años de contar con el respaldo político del (ex presidente) Néstor Kirchner y la actual presidenta, el fiscal acusa vilmente a la política más activa en buscar el juicio y castigo a los perpetradores del brutal atentado terrorista”, señaló una declaración titulada “AMIA: Una vez más sin justicia y sin verdad” que leyó Timerman en la Casa Rosada (gobierno).

Alberto Nisman, fiscal especial para investigar el atentado que dejó 85 muertos y 300 heridos en Buenos Aires en 1994, presentó el miércoles una denuncia de 300 páginas y pidió indagar a Fernández y Timerman, entre otros. 

Además, dictó un embargo preventivo sobre sus bienes por 200 millones de pesos (23 millones de dólares).

Según el fiscal, el gobierno de la presidenta Fernández ideó un “sofisticado plan delictivo” destinado a favorecer a Irán y desvincular definitivamente a los sospechosos que son buscados por la Justicia argentina.

La denuncia de Nisman se enmarca en una serie de enfrentamientos entre altos funcionarios del gobierno y parte del poder judicial.

En Argentina, los fueros protegen a un funcionario o legislador de ser detenidos pero sí pueden ser indagados, procesados y juzgados.

“En vez de investigar a los sospechosos, (Nisman) se dedicó clandestinamente a investigar a la presidenta”, acusó el canciller, y enmarcó la denuncia en “temporales intereses electorales”.

Nisman había sido designado en 2004 por Néstor Kirchner como fiscal especial para la causa AMIA, luego de que el año anterior un juicio fuera anulado por irregularidades en la investigación.

El juez de la causa AMIA, Rodolfo Canicoba Corral, negó este jueves haber ordenado las escuchas telefónicas sobre las que se basa la denuncia de Nisman y la vinculó a supuestos contactos del fiscal con la Secretaría de Inteligencia, que viene de ser descabezada por la mandataria.

“Yo no he intervenido, yo no autoricé esas escuchas. Las escuchas no son una prueba en sí y menos éstas que fueron hechas sin ningún tipo de control”, dijo el juez al canal de noticias CN23.