La Corte Suprema de Justicia argentina ordenó reabrir una causa por ejecuciones extrajudiciales de miembros de un partido de izquierda que tomó un cuartel militar en enero de 1989.
La decisión firmada por tres de los cinco integrantes de la Corte tiene por objetivo “cumplir con una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictada en 1997″, afirmó el miércoles el Centro de Información Judicial (CIJ), sitio de noticias del Alto Tribunal.
La Corte revocó el sobreseímiento por prescripción de la causa de los militares Alfredo Arrillaga y Jorge Eduardo Varando, imputados por el homicidio agravado de Iván Ruiz y José Alejandro Díaz.
Ruiz y Díaz integraban el grupo del disuelto Movimiento Todos por la Patria (MTP, izquierda) que el 23 de enero de 1989 intentó tomar el cuartel militar de La Tablada (periferia oeste), bajo el argumento de que pretendían abortar un golpe de Estado que según ellos se preparaba contra el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín (1983/89), en un episodio en el que murieron 39 personas, entre ellos 28 asaltantes.
La justicia investiga si Ruiz y Díaz fueron ejecutados luego de ser detenidos con vida — como lo muestran reportes fotográficos– cuando los militares recuperaran el control del cuartel, tras varias horas de enfrentamiento.
Ruiz y Díaz están desaparecidos ya que sus cuerpos nunca fueron entregados, entre otras irregularidades denunciadas.
La justicia había considerado prescripta la causa y había rechazado recursos basados en la recomendación de la CIDH.
En cambio, la Corte hizo lugar al recurso al considerar que Argentina “tiene la obligación de realizar los mejores esfuerzos para aplicar las recomendaciones” de la CIDH, según el CIJ.
El MTP era un movimiento político liderado por el exguerrillero Enrique Gorriarán Merlo, quien en 1980 dirigió el comando que asesinó al exdictador nicaragüense Anastasio Somoza en Paraguay.
Gorriarán Merlo no estaba dentro del cuartel durante el asalto a La Tablada y pudo escapar, pero en 1995 fue detenido en México y extraditado a Argentina.
Al año siguiente fue condenado a prisión perpetua, mientras que el resto del grupo había sido sentenciado en 1989 por la ley de Defensa de la Democracia, que no permite apelación, ideada contra intentos golpistas de militares.
En 2000, tras una huelga de hambre de más de 100 días, el expresidente Fernando de la Rúa les conmutó las penas, excepto a Gorriarán y su exesposa.
En 2003, días antes de entregarle el gobierno a Néstor Kirchner, el expresidente Eduardo Duhalde indultó a todos, incluso a Gorriarán Merlo, quien murió en 2006 de un paro cardíaco.
