La Fiscalía de Concepción formalizó a siete jóvenes imputados por la fabricación y porte de artefacto incendiario, además de desórdenes públicos. Se trata de una investigación iniciada hace un año, tras recibir el Ministerio Público antecedentes de inteligencia de parte de la PDI.

En una copada sala del Juzgado de Garantía de Concepción se realizó la audiencia en la que el fiscal Carlos Palma procedió a formalizar una investigación iniciada en octubre del año pasado y que apunta a un grupo de nueve jóvenes sospechosos de concertarse para fabricar bombas molotov, de manera de utilizarlas en manifestaciones callejeras.

Uno de los imputados no llegó a la audiencia por encontrarse enfermo, mientras que un segundo debió ser dejado fuera del caso por enfrentar ya otro por los mismos hechos. Así, fueron siete los formalizados, sin alcanzarse a debatir medidas cautelares, lo que fue aplazado para el próximo 8 de octubre por la jueza Erika Pezoa.

El fiscal Palma confirmó el trabajo realizado a partir de la entrega de antecedentes de inteligencia por parte de la PDI, y que dieron inicio a las pesquisas.

Como parte de las pruebas que tendría el Ministerio Público contra los jóvenes hay escuchas telefónicas y videos.

Al respecto, el fiscal regional, Julio Contardo, se limitó sólo a confirmar el cúmulo de antecedentes contra los imputados.

A cargo de la defensa de los siete jóvenes está Álvaro Araya, quien calificó como débiles las pruebas de la Fiscalía, por lo que -adelantó- se opondrán a una eventual solicitud de prisión preventiva.

En el caso se hizo parte el Gobierno Regional, que a través del abogado Ernesto Reyes presentó una querella por desórdenes públicos.