Sandra, una española víctima de la violencia machista, dos de cuyos hijos sufrieron abusos sexuales de su padre y su abuelo, vive con el miedo a una nueva agresión pero también al fin de las ayudas sociales, reducidas en España con la austeridad.
Las asociaciones de protección de la mujer y la oposición socialista denuncian estos recortes que amenazan el sistema español, pionero en Europa en la lucha por la eliminación de la violencia contra la mujer, combate que este lunes celebra su día internacional.
“Antes no tenía ningún problema para que mis hijos se quedaran en el comedor” del colegio, pero “el año pasado lo recortaron todo: becas de comedor, becas de libros”, lamenta Sandra Soto de Lara, de 33 años, que vive con sus hijos de 3, 7 y 9 años en casa de su madre, Lola, en Colmenar Viejo, al norte de Madrid.
Viven todos con 800 euros (560 mil pesos) al mes: 400 de ayuda a los desempleados de larga duración para Lola, ayudante de cocina de 53 años, y 400 para Sandra como víctima de la violencia machista.
Como su madre antes que ella, y como cientos de miles de mujeres, Sandra vivió un infierno hasta que decidió luchar. Su marido, víctima también de abusos cuando era niño, acaba de ser condenado.
“Tenía 16 años cuando conocí al padre. A los 21 estaba embarazada de Yriai y fue entonces cuando empezó a maltratarme”, dice en referencia a su hijo mayor, con un ligero retraso mental. “Se excusaba pero volvía a empezar”, afirma, recordando golpes y humillaciones.
Acabó dejándolo hace cuatro años, cuando estaba encinta de Juan José. “Se había metido en internet en páginas porno y amenazaba a los niños”, explica.
Pero lo peor estaba por llegar: “me hacía la vida imposible, me acosó y me agredió en la calle” en octubre de 2012. Empezó entonces un proceso judicial, acompañado de una orden de alejamiento.
Su marido obtuvo no obstante el derecho de visita de sus dos hijos mayores, Yriai y Paola. “Cuando se cumplían esas visitas mis hijos fueron abusados sexualmente por el padre y el abuelo”, afirma casi sin encontrar las palabras.
Sandra muestra, con lágrimas en los ojos, un dibujo insoportable hecho por su hijo de un hombre con un enorme genital que atraviesa el vientre de un niño.
“Él no decía nada porque quería mucho a su abuelo”, dice la madre. “He tenido que ingresarlo en una psiquiatra porque está mal, se pregunta por qué le han hecho eso”, agrega, mientras Lola pierde el control.
Luego se calma: “estamos luchando por una vida mejor, pero nos falta lo básico y con los recortes también está amenazado nuestro asistente social, que hasta puede perder su trabajo”.
Dos leyes en 2005 y 2009 convirtieron a España en uno de los países punteros en la protección de la mujeres, creando teléfonos de ayuda, tribunales especializados y una pulsera electrónica que luego fue copiada por Francia, Italia y Gran Bretaña.
En España, donde cada muerte debida a la violencia de género aparece en toda la prensa, 61 mujeres murieron en 2011 por esta razón, contra 114 en Francia, 114 en Inglaterra y Gales y 137 en Italia.
“Con la ley se han hecho cosas realmente positivas pero el problema es que la ley tiene que ser aplicada correctamente”, señala una portavoz de la ONG Amnistía Internacional, criticando la falta de medios.
Según la asociación Foro de Política Feminista, el programa para la prevención de la violencia machista se fijó para 2014 en 21,8 millones de euros, en baja de 22,5% respecto a 2008. El gobierno conservador de Mariano Rajoy niega por su parte que haya habido una reducción.
“Te dan un número de teléfono pero cuando quieres llamar para que te vengan a a socorrer no contesta nadie”, dice Sandra, que vive con el miedo a una nueva agresión de su exmarido o su exsuegro.
“Quiero marcharme de aquí. Los niños empiezan a estar muy nerviosos y les dan ataques de nervios” si nos acercamos a su casa, dice.