“No es posible que el Estado nos siga cobrando un arriendo por nuestras propias casas, cuando ya no estamos en condiciones de pagarlo”. Se trata de una frase de una de las vecinas de mi distrito, una profesora jubilada que se lamentaba de tener que endeudarse con una de las numerosas tarjetas de crédito del mercado para pagar sus contribuciones.
Pero no es un caso difícil de encontrar. Basta con conocer las historias de miles de chilenos adultos mayores de todo el país para darse cuenta de las tremendas dificultades que les genera el llamado impuesto territorial. Y es que se trata de personas que pagaron sus dividendos durante años, y que pensaron que tras cancelar la deuda y una vez jubilados, por fin su casa sería su refugio.
Nada más lejos, pues es justamente cuando sus ingresos bajan considerablemente y sus gastos, por el contrario, no paran de crecer, entre medicamentos y atenciones médicas, que las contribuciones se transforman en su pesadilla. Muchos, incluso, se ven obligados a vender sus propiedades y trasladarse a departamentos más pequeños o a vivir con los hijos.
Son estas razones las que han provocado que el eliminar el pago de contribuciones para los adultos mayores o aplicarles una rebaja permanente de a lo menos un 50 por ciento, se haya convertido en una de mis banderas de lucha durante toda mi labor como diputado. Estoy convencido que hoy, cuando se discute una nueva reforma tributaria para el país, existen grandes posibilidades de conseguirlo, principalmente por tres razones.
Lo primero es que hay que tomar en cuenta que sólo el 4,3 por ciento de lo que recauda el Fisco cada año corresponde al concepto de Impuesto Territorial y que de esa cifra menor sólo el 3,5 por ciento corresponde a lo que aportan los adultos mayores, cerca de 60 mil personas en todo el país.
En segundo lugar, ya existe una serie de propiedades que están exentas de ese pago, como cementerios, iglesias, colegios, universidades públicas e inmuebles fiscales; así como otras que tienen importante rebajas, como fundaciones o cooperativas que sólo pagan un 75 y 50 por ciento respectivamente. Así mismo, la totalidad de las propiedades avaluadas en menos de 18 millones de pesos, no pagan contribuciones.
Por último, ya existe un precedente, pues tras el trágico terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero de 2010, cuando el país decidió aumentar el monto de las contribuciones para ayudar a generar los recursos necesarios para la reconstrucción, fui uno de los impulsores de la idea de que este aumento no debía afectar a los adultos mayores.
Tal como entonces, creo que es perfectamente factible que se pongan condiciones iguales o similares para aplicar el beneficio tributario, como el que se trate de personas mayores de 60 años, que el avalúo de los inmuebles exentos del pago no supere los 100 millones de pesos, y que sus propietarios no sean dueños de más de un inmueble.
La propuesta que les describo ya fue puesta en manos del Ministerio de Hacienda, a través del grupo de trabajo encabezado por el diputado Joaquín Godoy, una instancia creada en la bancada RN para discutir posibles mejoras a la Reforma Tributaria. Mi invitación es a que el Gobierno tome esta causa como propia, pues, como dice el título de esta columna, se trata de un justo anhelo.
Atentamente,
Diputado Cristián Monckeberg
