Cancelando la suma de 27 millones de pesos a favor de los ofendidos, y con disculpas públicas ante la juez de garantía, los imputados Luis Alberto Paredes y su hijo Rodrigo Alberto Paredes, aceptaron responsabilidad en los delitos de amenazas de muerte y daños que pesaban sobre dos abogados y una jueza del tribunal oral en lo penal de esta ciudad.

Lo anterior, se dio luego que el segundo imputado e hijo del empresario Luis Paredes, se presentara en forma voluntaria ante la fiscalía a prestar declaraciones, instancia en donde reconoció su autoría en las amenazas de muerte y disparos con escopeta que ejecutó la jornada del 4 de septiembre de este año en la propiedad del abogado Cristian Pablo Merino Rojas, ubicada en el sector residencial cerro Los Cristales.

Al día siguiente, los disparos con el mismo armamento, se dieron a las 20:30 horas en el sector residencial Villa Hermano Arturo, donde el auto particular y los ventanales de la casa de la magistrado Amelia Patricia Avendaño, también fueron destruidos por el hijo del conocido empresario.

“Quiero pedir disculpas a Cristian Merino y su familia, al señor Enrique Labra y su familia por los daños cometidos, y que fue un momento de ira, que nunca más volverán a suceder”, dijo en audiencia un arrepentido Rodrigo Paredes.

Su progenitor, fue más escueto al momento de ponerse de pie ante la magistrado. ”Pido disculpas a toda persona que he ofendido” dijo el dueño de la conocida fundición curicana, al tiempo que se comprometió no volver a acercarse a las personas que en esta investigación tuvieron la calidad de víctimas.

El fiscal con dedicación para casos de alta complejidad en el Maule, Miguel Ángel Orellana, al término de la audiencia, declaró que tras la confesión de los imputados, se arribó a la convicción de que uno de los delitos que tienen que ver con los daños y porte ilegal de arma de fuego – sólo había participación de Rodrigo Paredes, quien finalmente recibió tres condenas, dos de ellas por amenazas y una por el porte ilegal de arma de fuego.

Agregó el persecutor que las penas asignadas al empresario Luis Paredes, solo fue condenado con esa claridad respecto de los hechos, al delito de amenazas en contra de las víctimas en este caso”, señaló Orellana.

La autoridad del Ministerio Público, destacó el desarrollo de este juicio con salida alternativa, ya que “hemos oído a las víctimas, sus intereses, necesidades de reparación y con esos antecedentes hemos llegado a la posibilidad de este procedimiento que terminó con cuatro condenas. Si bien es cierto las condenas no son de cumplimiento efectivo, de igual forma quedamos satisfechos por la oportunidad de la resolución del conflicto, por la reparación de la víctimas, y que además terminaron beneficiando a instituciones sociales que lo requieren bastante, concluyó el fiscal Orellana.

A saber, el abogado Cristián Merino recibió la suma de 7 millones de pesos, por concepto de indemnización, mientras que el matrimonio de Enrique Labra y la magistrado Amelia Avendaño, hicieron donativos por dos millones de pesos a instituciones de beneficencia de la zona, todo en nombre de los Paredes, quienes recuperaron su libertad, pero con el compromiso de no verse involucrados en ningún hecho de carácter delictivo, ni menos acercarse a nunca más a sus víctimas.

En el caso de Rodrigo Paredes, por no contar con antecedentes penales quedó sujeto a la vigilancia de Gendarmería de Chile, por espacio de un año, donde mensualmente deberá estampar una firma.

Al término de la audiencia, la magistrado Amelia Avendaño dijo estar absolutamente conforme con la resolución judicial. “Lo único que deseo es que él, (Rodrigo Paredes) nunca más se vuelva a acercar, a mí ni a ningún otro magistrado, agregó la jueza del TOP Confesó que su gran temor era la familia, y la aceptación de las disculpas públicas las recibía de corazón.