El senador Alejandro Navarro pidió a la Contraloría que investigue por qué el Seremi de Salud Bío-Bío, Mario Fernández, presentó ante la justicia 8 meses después de recibir la denuncia, los antecedentes de la red de licencias médicas falsas.
Tras las querellas impulsadas por la autoridad sanitaria por irregularidades en el Compin, graficadas en la detección de empresas falsas que se dedicaban al fraude con licencias médicas, el Senador Alejandro Navarro (MAS), decidió concurrir hasta la Fiscalía a entregar antecedentes de 9 empresas que se dedicarían al ilícito, añadiendo que incluso gestionaban pensiones de invalidez, a través de sus supuestos trabajadores.
Pero esta polémica está lejos de terminar, ya que el parlamentario denunció que el Seremi de Salud, Mario Fernández, sabía desde mayo del año pasado los hechos, a través de la ex funcionaria del Compin, Marcela Ibarra. Sin embargo, sólo denunció los delitos 8 meses después y no con todos los datos que tenía en su poder.
Por esto, Navarro llegó hasta la Contraloría para pedir un pronunciamiento respecto a la actuación del seremi, ya que por ley está obligado a concurrir a la justicia en un máximo de 24 horas.
De hecho, de acuerdo a la ley, el código penal establece una multa de 4 UTM para aquellos funcionarios públicos que no cumplan con entregar los hechos que constituyen delito ante el Ministerio Público.
