El Conace, el municipio de Viña del Mar y el Ministerio Público firmaron un protocolo inédito de colaboración, para desarrollar un programa preventivo dirigido a jóvenes que son detenidos consumiendo drogas en la vía pública.

Este programa está enfocado a adolescentes y jóvenes que no presenten consumo problemático de drogas, que no requieren de un programa de tratamiento y rehabilitación en alguno de los establecimientos dependientes del servicio de salud, y a los que sólo se estaba aplicando la sanción de multa, pues no existía la posibilidad de derivarlos a un programa de prevención que respondiera a las características específicas de este grupo.

La firma del protocolo fue establecida por la alcaldesa Virginia Reginato, la coordinadora regional de Conace, María Ester Munnier y en representación del Ministerio Público, el fiscal de Viña del Mar, Osvaldo Basso, quien resaltó el objetivo del programa de reinserción de los jóvenes.

La alcaldesa Virginia Reginato, señaló que este protocolo de cooperación permitirá desarrollar en Viña del Mar un programa preventivo inédito a nivel nacional.

De acuerdo a lo explicado por la coordinadora regional de Conace, María Ester Munnier, entre los objetivos de este programa, que durante su primer año será una experiencia piloto, está disminuir la probabilidad que sus participantes aumenten y hagan crónico el consumo de drogas, evitando el tránsito hacia consumos problemáticos y adictivos, los que necesariamente requerirán un programa de tratamiento y rehabilitación en algún centro especializado.

La iniciativa considera el desarrollo de talleres preventivos bimensuales, conformados por un grupo de 14 personas, quienes deberán asistir a la totalidad de las cuatro sesiones, durante cuatro sábados consecutivos.

En cuanto a su funcionamiento, será la Fiscalía la encargada de derivar los casos directamente a la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), la que a su vez, evaluará si el joven cumple con los requisitos establecidos para participar del programa e integrarlo a los talleres, para luego derivar un informe final de la intervención realizada a la Fiscalía, previa entrevista a los usuarios 30 días después de concluido los talleres.