La senadora colombiana Piedad Córdoba, a quien el Procurador Alejandro Ordóñez sancionó tras señalarla de nexos con la guerrilla de las FARC, ante la cual ha mediado para la liberación de rehenes, recusó el miércoles al funcionario alegando falta de garantías e imparcialidad.

Córdoba encara un proceso de destitución desde que el pasado 27 de septiembre cuando fue sancionada por la Procuraduría, que pidió también su inhabilitación política por 18 años.

La senadora pidió que ese fallo sea revisado por un funcionario ad hoc.

“El actual procurador no me garantiza imparcialidad. Por eso pido un procurador nombrado específicamente para mi proceso, proveniente de una nueva terna conformada por candidatos del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema”, dijo Córdoba a periodistas.

Córdoba, que apeló la decisión ante la misma Procuraduría, denunció falta de garantías por parte de ese organismo y aseguró que el fallo es producto de una persecución política en su contra “por el hecho de pensar distinto y tener una posición a favor de la negociación política con la guerrilla colombiana”.

La Procuraduría, que carece de competencia penal y sólo tiene alcance de justicia administrativa o disciplinaria, deberá confirmar o revertir la decisión. Luego, el fallo llegará al Consejo de Estado, máxima autoridad de justicia contencioso-administrativa.

La senadora del partido Liberal, quien en 2007 medió junto al presidente venezolano Hugo Chávez en busca de un canje de rehenes de las FARC por guerrilleros presos, ha facilitado la liberación unilateral de 14 secuestrados en los últimos dos años.

Desde el mismo anuncio del fallo, la senadora consideró que “la investigación disciplinaria adelantada por el Procurador no tiene respaldo probatorio, mérito jurídico alguno y menos aún valor moral y ético”.

La investigación se basó en documentos hallados en un computador del jefe guerrillero Raúl Reyes, abatido por las fuerzas militares colombianas en su campamento en territorio ecuatoriano en 2008.