La iniciativa apunta a eliminar la posibilidad de que por la vía del recurso de queja, la Corte Suprema obligue a los deudores del sistema a pagar hasta 40 veces.

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Los diputados Marcelo Díaz (PS) y Luis Lemus (Ind) ingresaron a trámite legislativo un proyecto de ley que busca frenar los recursos judiciales a través de los cuales los deudores del TAG son obligados a pagar millonarias indemnizaciones a las concesionarias de autopistas urbanas.

La actual ley de concesiones posibilita que los deudores del sistema sean castigados a pagar hasta 40 veces el monto adeudado, tal como le ocurrió a Juan Antonio Gómez Cisternas, quien a raíz de una sentencia de la Corte Suprema fue castigado con el pago de $ 85 millones a la concesionaria Vespucio Norte Express debido a una deuda de $ 2 millones que mantenía inicialmente.

El proyecto de ley de los diputados Díaz y Lemus apunta a prohibir que, mediante la utilización del recurso de queja, la Corte Suprema anule las sentencias de la Corte de Apelaciones cuando estas se han limitado la aplicación de cláusulas de compensación por no pago.

La iniciativa contó además con las firmas de los diputados Alfonso De Urresti (PS), Felipe Harboe (PPD) y Pedro Araya (PRI).

“La queja es un recurso disciplinario para sancionar cuando un juez ha sancionado cometiendo falta o abuso, no para corregir decisiones judiciales tomadas por un juez de primera instancia y ratificada por la Corte de Apelaciones. Esta maniobra judicial ha permitido en varias ocasiones que deudores del TAG terminen pagando multas abusivas y multimillonarias”, dijo el diputado Díaz.

“Consideramos que este recurso de queja es un exceso. En Chile existen muchos contratos con servicios y ninguno tiene una cláusula de indemnización por 40 veces. Esta sentencia que obliga a Juan Antonio Gómez a pagar 85 millones es digna del récord de Guinness, pero no es digna de justicia”, planteó a su turno el diputado Lemus.

Ambos parlamentarios sostuvieron que esta es una forma más de combatir la aplicación de una norma arbitraria, como es la que contiene la Ley de Concesiones. En este sentido plantearon que no tiene lógica alguna que la ciudadanía pague más por una deuda del TAG que cuando se atenta contra la vida de una persona.