Estados Unidos mantuvo a Cuba e incluyó a República Dominicana en su lista negra de países que trafican personas, en un informe divulgado este lunes que colocó bajo vigilancia a Venezuela, Nicaragua, Guatemala y Panamá y detectó mejorías en Argentina.

Cuba, incluida en la lista negra desde 2003, “no cumple con los parámetros mínimos para la eliminación del tráfico de personas y no está haciendo esfuerzos significativos en ese sentido”, señaló el reporte.

Cuba y República Dominicana forman parte del grupo de 13 países que no combaten el tráfico de personas, en su mayoría asiáticos y africanos, según el informe emitido por el Departamento de Estado, que por primer año incluyó a su propio país en la evaluación.

En efecto, Estados Unidos fue colocado por el informe en la categoría 1, de las naciones que cumplen con las normas contra el tráfico de personas.

Cuba, que carece de relaciones con Estados Unidos desde hace medio siglo, es “principalmente una fuente de niños sujetos al tráfico de personas, sobre todo para su explotación sexual comercial dentro del país”.

Aunque Estados Unidos reconoce que durante el año pasado el gobierno castrista compartió información sobre el flagelo, señala que impidió la actividad de las ONG, careció de “avances discernibles en cuanto al procesamiento de traficantes” y no protegió efectivamente a las víctimas.

La isla comunista rechaza sistemáticamente estos informes y alega que Estados Unidos tergiversa la realidad para justificar el embargo que le aplica desde fines de la década de 1950.

Mientras, República Dominicana es “un país fuente, de tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas del tráfico de personas, especialmente para la prostitución y el trabajo forzado”, indicó el informe.

El año pasado se registraron dominicanos trabajando forzadamente en Estados Unidos y Argentina, mientras que dentro el territorio dominicano ocurre lo mismo con personas provenientes de Haití.

Desde 2007 el gobierno de República Dominicana no ha procesado a ninguna persona por tráfico de personas, lamentó el informe.

En su lista de países bajo observación especial, Estados Unidos mantuvo a Venezuela, Nicaragua y Guatemala, incluyó este año a Panamá, en tanto retiró a Argentina.

El gobierno de Buenos Aires “incrementó el año pasado los esfuerzos por hacer cumplir la ley que persigue el tráfico” de personas, promulgada en abril de 2008, indicó el informe.

En Panamá, el tráfico de personas para trabajo forzado sigue sin incluirse como delito en el código penal, en tanto no hubo apoyo gubernamental a las víctimas y los laxos controles fronterizos hizo fácil la entrada de inmigrantes ilegales del resto de Ameríca Latina, Africa y Asia, señaló el informe.

Estados Unidos identificó asimismo un incremento en el tráfico de personas en ciertas regiones de Venezuela, como en la cuenca del río Orinoco, al sureste, y en el estado fronterizo con Colombia de Táchira, “que sufre de violencia política e infiltración de grupos armados rebeldes” colombianos.

En Nicaragua, en tanto, pese a algunos esfuerzos aislados, el país mostró “poca evidencia de avances” en el combate del flagelo, sobre todo por la falta de asistencia a las víctimas y la complicidad de algunos funcionarios gubernamentales en los crímenes.

Guatemala, por su parte, logró iniciar procesos contra algunos inculpados por tráfico de personas, pero en regla general falló en cumplir con las normas internacionales.

El resto de los países latinoamericanos, salvo Colombia -única nación que alcanza los estándares-, no cumplen con los niveles mínimos estipulados por la Ley estadounidense de protección de víctimas de tráfico de 2000, pero hacen esfuerzos por alcanzarlos, agregó el informe.