La crisis en el Poder Judicial nicaragüense, atizada por un decreto presidencial cuya legalidad desconocen los magistrados opositores, se trasladó a las calles de Managua, donde partidarios de unos y otros salieron el viernes a dar su apoyo.
“Ni un paso atrás”; “El pueblo unido jamás será vencido”, coreaban cientos de funcionarios judiciales nicaragüenses que marcharon a las oficinas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el sector norte de la capital, en apoyo a los magistrados sandinistas Rafael Solís y Armengol Cuadra.
La crisis estalló el lunes cuando Solís y Cuadra se negaron a abandonar sus puestos, amparados por un decreto de enero del presidente Daniel Ortega que prorroga en el cargo a unos 25 funcionarios.
La oposición, que desconoce la legalidad de la medida y acusa a Ortega de atribuirse facultades que son competencia del Legislativo, intentará la próxima semana anular la medida en el Parlamento.
Solís, uno de los jueces que se resistió a abandonar su cargo al concluir el periodo por el que fue electo, subrayó ante los manifestantes que “hay que defender la democracia”.
“Me he quedado claramente porque quiero con mi actitud dar un ejemplo a los jueces y a todos los funcionarios públicos que lo primero que se debe respetar es la Constitución”, dijo en medio de vítores de los empleados de juzgados de distintos puntos del país.
Ortega justificó el decreto como una medida para evitar una parálisis de las entidades públicas tras la negativa de los diputados opositores a elegir sustitutos para los cargos en cuestión.
Ni oficialistas ni opositores tienen los 56 votos necesarios para nombrar o reelegir a los 25 funcionarios amparados por el decreto –entre ellos jueces electorales cuestionados por legisladores y sectores cívicos–.