La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados despachó a la sala el proyecto que reduce de 45 a 40 horas la jornada laboral. Casi de inmediato, La Moneda y el oficialismo advirtieron que intentarán detener la iniciativa, reprochando su constitucionalidad.
Con 7 votos a favor y 6 en contra, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó el numeral 3 del artículo 1 del proyecto que busca reducir la jornada de 45 a 40 horas.
En concreto, dicho acápite establece que no podrá haber una reducción del sueldo de los trabajadores con la reducción de la jornada laboral.
De este modo, la iniciativa terminó el trámite en la instancia parlamentaria y consiguió despachar a la Sala de la Cámara Baja la discusión del proyecto.
Eso sí, antes tendrá que soslayar una carta de último minuto del diputado Patricio Melero (UDI), quien intentará frenar la discusión en Sala y llevar la iniciativa a otro trámite previo en la Comisión de Hacienda.
Si bien esa idea no prosperó en la Comisión de Trabajo, probablemente repita el intento antes de comenzar la discusión en Sala.
De esta forma se completó la votación que inició ayer con la aprobación del segundo numeral del proyecto que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas, que es considerado el “corazón” de la iniciativa impulsada por el Partido Comunista.
El debate se extendió hasta este martes tras una tensa discusión en la comisión ayer lunes, donde Chile Vamos amenazó con acudir al Tribunal Constitucional. Asimismo, el titular de Trabajo, Nicolás Monckeberg, protagonizó una extensa presentación en la que utilizó polémicos argumentos.
Entre otros, defendió la reserva de constitucionalidad diciendo que en su tiempo fue impulsada por Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, así como también hizo hincapié en las supuestas dificultades que iba a generar en los deportistas, como impedir una jornada especial para una Copa América.
Presidente Piñera amenaza con recurrir al TC
Tras la aprobación, fue el propio presidente Sebastián Piñera quien reiteró sus críticas a la iniciativa que impulsan las diputadas comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola; razón por la cual el mandatario manifestó que hará uso de todas sus facultades para que el proyecto no prospere, ya que en su opinión la iniciativa es inconstitucional.
Incluso, en entrevista con Meganoticias, aseguró que de ser necesario, él mismo recurrirá al Tribunal Constitucional.
“Yo espero que el Congreso no incumpla, no violente la Constitución. Yo creo que este proyecto es inconstitucional como lo han dicho todos los expertos, porque el crear gastos, y este proyecto crea muchos gastos para el Estado, es una facultad exclusiva del Presidente”, enfatizó.
“Si fuera necesario ir al tribunal voy a hacerlo yo como Presidente de Chile en resguardo y respeto a la Constitución (…) Un presidente no solamente tiene el derecho, tiene la obligación de respetar y hacer respetar la Constitución”, afirmó.
Además, el mandatario enfatizó en que el proyecto es “absolutamente populista”, ya que explicó que las diputadas Camila Vallejo y Karol Cariola no tenían algún estudio que descarte el impacto negativo.
Al respecto, la diputada Vallejo acusó que con esta amenaza el mandatario incurre en “matonaje político” y manifestó que el Gobierno no entiende que respetar el espacio de deliberación del Congreso, es respetar la democracia.
Así las cosas, todo apunta a que la “batalla” por las 40 horas se trasladará al Tribunal Constitucional, ya que según adelantó el diputado de Renovación Nacional, Francisco Eguiguren, la próxima semana Chile Vamos ingresará un requerimiento para impugnar el proyecto.
Incluso, anunciaron que será el abogado constitucionalista Patricio Zapata, vinculado a la Democracia Cristiana, quien asumirá la defensa de la iniciativa ante el TC.
Zapata ejerce como docente del Departamento de Derecho Público de la Universidad Católica, y anteriormente conformó la comisión encargada de estudiar cambios a la Constitución, durante el segundo período de Michelle Bachelet.
Al respecto, la diputada Karol Cariola sostuvo que el requerimiento ante el TC no implica impedir el avance legislativo del proyecto, según establece el artículo 16 del capítulo 8 de la Constitución.
Desde el gran empresariado, en tanto, el presidente de la CPC, Alfonso Swett, en conversación con Expreso Bío Bío, reiteró sus críticas a las diputadas impulsoras del proyecto y reafirmó que ellas no han trabajado en la empresa privada.
