Los abogados querellantes del caso Soquimich por financiamiento irregular de la política se mostraron contrarios a aceptar la salida alternativa que propondrá el fiscal Pablo Gómez en enero próximo.
El fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, presentará ante el Octavo Juzgado de Garantía la solicitud de suspensión condicional del procedimiento del caso SQM a favor de la persona jurídica de la empresa el próximo 26 de enero.
Así, la minera deberá pagar una multa que ascendería a los 3 millones de dólares como salida alternativa del proceso judicial, quedando sin una sanción penal.
Mauricio Daza, abogado que representa a la Fundación Ciudadano Inteligente como querellante, responsabilizó al fiscal Gómez de que las sanciones contra la minera se traduzcan en impunidad.
Para el abogado Matías Ramírez, representante del diputado comunista Hugo Gutiérrez como parte querellante del caso, cuestionó el hecho de que SQM tuviera sanciones tan bajas.
Soquimich y Corfo mantienen un acuerdo en el que la empresa minera, presidida por el empresario Julio Ponce Lerou, podrá explotar el litio del salar de Atacama hasta, al menos, el año 2030.
Daniel Núñez, diputado comunista que fuera miembro de la comisión investigadora del caso en la Cámara Baja durante 2014, señaló que ambos casos se relacionan.
Pablo Gómez, fiscal regional de Valparaíso y quien lleva la causa desde el Ministerio Público, argumentó que es la propia Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado la que limitaría al organismo estatal para ejercer la acción penal sobre la persona jurídica de la empresa, deslegitimando al órgano querellante.
