Más de 90 mil millones de pesos podría haber sido el perjuicio para el Estado de un “error de cálculo” en Codelco, debido a una licitación de movimientos de material en la División Salvador.
El movimiento de 104 millones de toneladas de material mina en la División Salvador fue licitado por la estatal, pero sólo era necesario mover 20 millones de toneladas. Ese “error de cálculo” podría representar un perjuicio fiscal por 130 millones de dólares, alrededor de 90 mil millones de pesos.
Por ello, una comisión investigadora de la Cámara estableció responsabilidades administrativas y políticas por lo que consideran, tanto trabajadores de la cuprífera como parlamentarios, un despilfarro millonario de recursos. Los antecedentes serán presentados ante el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público.
La presidenta de la comisión investigadora, Daniela Cicardini, subrayó que la instancia determinó irregularidades en los procesos de licitación y que hay responsabilidades políticas y administrativas por parte del presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro –quien deja su cargo este domingo–, y también de Cochilco, que ha fallado en su rol fiscalizador.
“Es una licitación que está sobreestimada en recursos, en montos, en trabajadores, etcétera, etcétera. Este no es un error de cálculo, este es un horror de cálculo. Acá raya en la ilegalidad. Estamos hablando de un despilfarro de recursos millonarios por parte de la principal empresa estatal”, aseveró Cicardini.
El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Sergio Gahona, cuestionó el rol de Cochilco por su falta de fiscalización a los procesos que Codelco denominó “errores de cálculo”, pero que en opinión del legislador no es más que el pago de sobreprecios en la División Salvador, que la cuprífera insistentemente se negó a transparentar.
“Claramente Cochilco no está a la altura, ni da el ancho para poder fiscalizar las acciones y el trabajo que desarrolla Codelco. Pero eso no significa que tenga el derecho a ocultar información, o a dilatar la entrega de información, especialmente a la Cámara de Diputados”, afirmó Gahona.
“Las responsabilidades políticas caen a las autoridades actuales de Codelco, a las autoridades actuales de Cochilco, y sobre todo a las autoridades del momento en que todo esto se produjo, que eran los señores Nelson Pizarro y Óscar Landerretche”, aseveró por su parte el diputado Pablo Vidal, de Revolución Democrática.
Los antecedentes y conclusiones recabados por la comisión investigadora serán puestos a disposición del Consejo de Defensa del Estado (CDE), el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, ya que en opinión de quienes integraron la instancia investigadora de la Cámara, dado el perjuicio fiscal en este despilfarro de recursos, no se descartan eventuales conflictos de interés, que podrían tener el carácter de delitos.
